El transporte público de pasajeros en la ciudad de Mérida representa en promedio casi el 37 por ciento del salario mínimo, tomando en consideración que una persona requiere pagar cuatro pasajes al día para ir y regresar a su trabajo o centro de estudios; esto implica que dispondrá de 56 pesos al día para comer, o lo que es lo mismo, menos de 19 pesos para cada una de las tres comidas cotidianas.
Actualmente, la tarifa de transporte en Mérida es de ocho pesos, los permisionarios solicitaron un incremento a 13 pesos en general y una adecuación a la llamada tarifa social, que actualmente es de tres pesos. En descargo dicen que se mantendrá el transporte gratuito a las personas con discapacidad, lo cual suena muy bien, pero es vox populi que muchos choferes cuando les hace la parada una persona en esta situación de vulnerabilidad, simplemente pasan de largo, no se dignan a darles el servicio.
El Gobierno del Estado desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco otorga un subsidio a los transportistas. En sus orígenes ese apoyo estaba condicionado a una mejora substancial en el servicio, tanto en el aspecto de las condiciones de las unidades, como en la capacitación del personal y en el trato dado a los usuarios, pero seguimos viendo unidades c0n asientos rotos, pisos picados, y con choferes discutiendo y regañando a su pasaje, aunque en honor a la verdad, también hay operadores quienes se comportan de manera cortés y servicial.
Difícilmente en tiempos electorales el gobierno estatal se aviente el paquete de autorizar ese aumento, pero deberán dar una respuesta como parte del juego que aceptaron jugar cuando asumieron la responsabilidad de regular el transporte urbano en la ciudad, que antes estaba en manos de la administración municipal. La respuesta vendría después del proceso electoral y sería afirmativa. El pasaje tendrá un incremento, eso no debe dudarse, la pregunta es a cuánto ascenderá ese aumento.
Si gana el abanderado priista, el aumento llegará porque ya no hay en riesgo nada, los resultados no serían reversibles. Por cierto, el candidato del PRI, Mauricio Sahuí Rivero, fue el primer director estatal del Transporte, nombrado por Ivonne Ortega, antes que por la misma vía llegue a la presidencia del PRI estatal.
En el otro escenario sería que pierda el PRI y el aumento sería aprobado, quizá en mayor proporción a la del escenario anterior, porque ya nada tendrían que perder y sí dejarían una papa muy caliente a la próxima administración, lo más probable emanada del PAN.
En ambos casos el aumento lo tendríamos quienes habitamos en Mérida, en el segundo semestre del presente año.
¿Qué tan prudente es? Si los estudios socioeconómicos atendieran un panorama más real, se darían cuenta que casi el 50 por ciento de los meridanos o que se desplazan en la ciudad, viven con salario mínimo o un poquito más.
El resto, quienes tienen más de ese ingreso, tienen algún tipo de vehículo con qué desplazarse. Pero visto de esa manera es simplificar el problema. Cierto, en Yucatán se goza de uno de los menores índices de desempleo en el país, pero irónicamente, también es una entidad con los menores índices de salarios a nivel nacional. O lo que es lo mismo, se trabaja mucho y se gana poco.
Si tomamos además que el salario mínimo general es de 88.36 pesos diarios, menos los pasajes quedan 56 pesos, con un promedio de menos de 19 pesos para cada comida, pero si se trata de una familia con un solo ingreso, entonces ya los números bajan aún más, porque crecen las necesidades y los gastos, con un salario raquítico que obliga a buscar otra fuente de ingresos. Sea como sea habrá que hacerse a la idea de que se tendrá que pagar más por un servicio necesario y que requiere mucha más atención y regulación de la que se le brinda actualmente.
Preparémonos para el aumento en las tarifas, porque llegarán una vez pasadas las elecciones.
Hasta la próxima…
Por Miguel II Hernández Madero
