En la mayor parte de los países llamados desarrollados es impensable algo que sucede cotidianamente en nuestra patria. En aquellos lares profesionalizan a aquellos que están a cargo de la seguridad. Tienen actualizaciones constantes en técnicas de investigación, formación forense, buen salario y sobre todo un seguro bastante generoso.
Tristemente en México la opción de trabajo para muchas personas que carecen de formación criminológica, bueno, en general de cualquier formación académica, consiste en colocarse en un empleo de policía. Que no se piense que desdeño a quienes no pudieron tener acceso a la educación, más bien expongo que a aquellos que se dedican a ello en estas circunstancias se les está exigiendo demasiado injustamente. Se les hace responsables del orden público, de su arma de cargo, de recursos materiales que les consignan, pero, sobre todo, de vidas humanas.
Si como se menciona, noviembre ha sido el mes más violento desde que se lleva el registro histórico, podríamos bien pensar que tiene algo que ver no sólo la falta de preparación de la policía en sus tareas más elementales: la prevención del delito y la captura de los delincuentes, sino también la falta de profesionalización del ministerio público, de los jueces y de aquellos que intervienen en la seguridad.
Tal vez la cuestión crítica a difundir, sensibilizar y adoptar como fundamental entre todos ellos es el paradigma de derechos humanos vigente en todo el orbe. El trato digno a las personas no puede seguir siendo una cuestión discrecional sino ante todo una prioridad que nos ayude a cambiar ideas que nos llevan a lides antidemocráticas, autoritarias y despóticas.
Si el Estado es incapaz de respetar los derechos humanos se erige en gobierno de excepción. Paradógicamente se convierte en un ente con suficiente fuerza para hacer cumplir sus dictados y someter a los ciudadanos, de los cuales emana su poder.
Esta situación ha sido señalada por el teórico de la política Giorgio Agamben al analizar el régimen de los campos de concentración y el llamado Estado de excepción. Sintetizando a riesgo de caer en una reducción, para este italiano hay actos del Estado que no tienen el mismo valor que las leyes, pero que adquieren su propia fuerza como si fueran ley escrita.
No hay razón para que las fuerzas armadas ejerzan facultades policíacas. Al hacerlo se violan los derechos humanos. En una guerra donde quedan suspendidas todas las garantías, las fuerzas armadas cuentan con todos los recursos para actuar como juzguen prudente con tal de obtener la victoria. Las inspecciones extraordinarias, la vigilancia constante a posibles enemigos y espías, la interrupción del libre tránsito, los cateos sin orden judicial, el confinamiento de enemigos, el uso de la violencia y la discrecionalidad para decidir en qué casos aniquilar al enemigo son cosas necesarias. El estado de excepción termina con la victoria y el sometimiento del rival.
En México la retórica se ha hecho realidad: no estamos combatiendo ni tenemos un enemigo jurado, no estamos en guerra, aunque así lo digan quienes quieren restringir nuestras libertades so pretexto de la seguridad. En todo caso es necesario reconocer que algunas prisiones con autogobierno son producto de la corrupción del Estado que ha propiciado esa condición. Que hay expedientes como el de Tlatlaya o Ayotzinapa que indican la colusión de las fuerzas armadas con quienes supuestamente combatirían, que hace poco se dio a conocer que en vehículos oficiales de la marina se han secuestrado a empresarios.
No estoy generalizando ni es mi intención mancillar a las fuerzas armadas. Mi punto es que son el extremo opuesto de los policías con los que iniciaba mi comentario: son profesionales altamente capacitados para cualquier situación y han sido entrenados como verdaderas máquinas de aniquilación del enemigo. No negocian, cualquiera frente a ellos puede ser un enemigo y están dispuestos a frenarlos a cualquier costo, incluso su propia vida. Para ellos es injusto exigirles que aniquilen enemigos y luego les reprochen los derechos humanos.
Por tanto, la ley de seguridad interior que se quiere aprobar sólo reconoce el fracaso en este renglón desde hace 18 años: humilla a la policía, criminaliza a la ciudadanía, empodera a las fuerzas armadas y normaliza la militarización de la vida civil. No es un golpe de Estado, en un golpe blando. Un estado de excepción sin guerra, sin enemigo visible y sin fecha de término.
Por Carlos Hornelas
