El juez Claudio Bonadio procesa y ordena aprehender a Cristina Fernández por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado
LA EXPRESIDENTA ARGENTINA y senadora Cristina Fernández se definió como víctima de una “persecución” y definió como un “exceso” y una violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva por presuntamente encubrir a los iraníes acusados del ataque a una mutual judía en 1994.
“Estas medidas degradan aún mas a la justicia argentina y señalan al Gobierno y al presidente Mauricio Macri como el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”, expresó la exmandataria, quien juró su cargo como legisladora hace poco más de una semana, en una rueda de prensa en el Congreso junto a diputados y senadores de su sector.
El juez Claudio Bonadio procesó y ordenó ayer detener a Fernández, entre otros exmiembros de su Gobierno por los presuntos delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió al Senado que le despoje de la inmunidad de arresto, al considerar que puede entorpecer la investigación.
En la causa, que fue abierta tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella días antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias, se investiga si un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 buscaba encubrir, a cambio de impulsar la relación comercial bilateral, a los imputados iraníes del atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune.
“Lo que realmente se acordó para el memorándum (con Irán) fue lograr que quienes estaban acusados de haber participado en el atentado se les pudiera tomar declaraciones indagatorias”, destacó Fernández, quien añadió que la causa por el ataque estaba “totalmente paralizada” porque Irán no extraditaba a los acusados.
“En realidad lo que hicimos, además de favorecer el hecho de que se pudiera tomar declaración a los acusados, era actuar en el marco del derecho internacional”, destacó sobre el pacto bilateral, que nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.
En este sentido, la expresidenta remarcó que la firma del convenio se encuadraba en un acto de política exterior “no judiciable” que fue aprobado por el Parlamento.
“Es una causa inventada sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior desde el punto de vista jurídico. Todo esto que está sucediendo es un despropósito y un verdadero exceso”, aseveró la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), convencida de que la acusación contra ella “no tiene asidero ni jurídico ni institucional”. -Texto y foto: EFE
