Más de cuatro décadas dedicó a la promoción cultural en México Rafael Tovar y de Teresa, muerto el pasado sábado a los 62 años de edad. Arquitecto de las instituciones culturales que hoy rigen al país, Tovar y de Teresa fue un destacado escritor, melómano, historiador, diplomático, abogado y promotor cultural.
Fue parte importante da la construcción de ese andamiaje que permitió el nacimiento de la Secretaría de Cultura y donde se
concentran todo tipo de expresiones artísticas que dan permiten que se conozca el mosaico cultural de México.
Tovar y de Teresa dirigió hasta en tres ocasiones lo que antes fueron los íconos en materia cultural, Conaculta y otras más Bellas Artes, además de ser el primer Secretario de Cultura, de cuya gestión se encontraba al frente al momento de su fallecimiento.
Rafael no fue monedita de oro, pero siempre se le reconoció como un hombre culto e inteligente y se hizo necesario para las expresiones culturales y dirigir los destinos en esa materia. Con todo y ello fue diplomático por algunos años en que fungió como Embajador de México en Italia y se dio tiempo para escribir varios libros y ensayos.
Fue prolífico en todos los sentidos y su muerte provoca un vacío en el área que coordinaba, aunque alguien ocupará en breve el sitio que dejó vacante. En la vida nadie es necesario, pero hay ausencias que se resienten más que otras.
Por lo pronto los nombres que se mencionan con mayor sonoridad para ocupar su lugar son los de destacadas mujeres en diversas actividades.
Carmen Beatriz López Portillo, quien estuviese casada con el propio Rafael Tovar de Teresa, es
mencionada para ocupar ese sitio en la Secretaría de Cultura.
Otras más son la artista plástica Gabriela Sodi, quien es historiadora en el Instituto de Cultura Superior; María Cristina García Cepeda, directora del INBA; la periodista Beatriz Pagés, Secretaria de Cultura del PRI; María Teresa Franco, ex directora del INAH, entre otros nombres mencionados.
Desafuero a legisladores veracruzanos
Continúan los reclamos ciudadanos, algunos infundados y otros con justificada razón, sobre la necesidad de desaforar a diversos legisladores del PRI, vinculados con los supuestos beneficiosdel erario veracruzano, mediante las llamadas empresas fantasmas.
Varios de esos legisladores, unos federales y otros locales, fueron señalados desde hace tiempo de ser los operadores beneficiarios de una serie de contratos amañados que les permitieron concentrar grandes fortunas al amparo del gobierno fallido de Javier Duarte de Ochoa.
Y es que desde las dependencias que encabezaban o las áreas que tenía asignadas podían lucrar en todos los aspectos, siempre en beneficio personal o de sus allegados.
Se sabe que del círculo cercano del gobernador son investigados y podría pedirse el desafuero de los siguientes diputados federales: Alberto Silva Ramos, Antonio Tarek Abdala, Edgar Spinoso, y de los locales, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez.
Silva Ramos fue el personaje más cercano al afecto del gobernador Duarte de Ochoa, quien pugnó, sin éxito, por dejarlo como candidato de su partido al gobierno estatal.
Inició como alcalde Tuxpan, de donde saltó a la Secretaría estatal de Desarrollo Social, más adelante pasó a la Coordinación de Comunicación Social, a la presidencia estatal del PRI, una diputación federal y nuevamente Comunicación Social.
Cuando Duarte de Ochoa sesintió poderoso y protegido desde el gobierno federal, empujó por la candidatura de Silva Ramos para el gobierno de dos años, ya que siendo su aliado le protegería la salida, especialmente cuando se empezó a filtrar la información sobre el estado financiero de la entidad y los adeudos a proveedores.
Tarek Abdalá fue tesorero del gobierno estatal y diputado federal, manteniendo cercanía con el gobernador Duarte de Ochoa,
aunque se han detectado diversas irregularidades en esa parte de las finanzas del estado.
Edgar Spinoso fue Subsecretario de Finanzas y al poco tiempo oficial mayor de la Secretaría de Educación, donde continuó operando sin estar en el cargo, por ya encontrarse como diputado federal, aparentemente en esa área es donde mayores irregularidades se han presentado. Spinoso actuó en la misma dependencia y en el mismo cargo durante la gestión
gubernamental de Fidel Herrera Beltrán, seis años antes.
Vicente Benítez trae a cuestas los 25 millones de pesos que se transportaron en efectivo en un avión y fueron decomisados por la PGR, aunque después se regresó ese dinero al gobierno veracruzano, con todo e intereses. Su actuación como Subsecretario de Desarrollo Social fue sumamente polémica y más como oficial mayor de la Secretaría de Educación.
Juan Manuel del Castillo es el amigo de toda la vida del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y fungió como su secretario particular desde los tiempos en que Javier era Secretario Estatal de Finanzas. Su operación se concentraba en el área de Salud, donde su ejecutor era Ricardo Sandoval Aguilar, habilitado como director administrativo de los servicios de
salud en el estado.
Sandoval incluso fue su fondeador en la campaña por una diputación local por el distrito de Córdoba, para regresar más adelante a continuar con su labor de presión sobre los proveedores en el área donde se concentran los mayores adeudos y en los que se hacían las grandes fortunas.
Estos personajes Alberto Silva Ramos, Edgar Spinoso, Antonio Tarek Abdala, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez, tres diputados federales y dos locales, podrían ser los primeros en ser desaforados, para ya sin contar con esa protección ponerse a la consideración de las autoridades y responder a las acusaciones que sobre de ellos se hacen.
