El Poder Legislativo otorga el visto bueno a dos dictámenes más, uno sobre miscelánea y ejecución penal, así como de justicia para adolescentes, y el último que modifica el Código de Familia, para que nadie pueda apropiarse de los bienes de una persona con discapacidad.
El Congreso LOCAL aprobó reformas al Código Penal del Estado de Yucatán en materia de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en adultos mayores, por lo que desde ahora los hijos que abandonen a sus padres serán perseguidos y encarcelados, tal como sucede cuando no se cumple con la manutención de los hijos.
–Lo más triste de estos casos es que los adultos mayores protegían y justificaban a sus hijos, pero eso se acabó –destacó la diputada Celia Rivas Rodríguez, en tribuna.
Además, el Poder Legislativo dio su visto bueno por unanimidad a otros dos dictámenes, uno sobre miscelánea penal, ejecución penal y justicia para adolescentes, y el último, que modifica el Código de Familia, para que nadie pueda apropiarse de los bienes de una persona con discapacidad, sin que por lo menos, aquella sea escuchada por el juez.
Los tres dictámenes fueron procesados por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que preside el diputado Daniel Granja Peniche.
–En nuestras visitas a diversas colonias del sur meridano el tema es una constante, hay abuelitos en situación precaria porque se olvidan de ellos, les preguntas si sus familiares no los ayudan y por respuesta obtienes que justifican a sus hijos o familiares, pero la realidad es que no se reconoce el trabajo que realizaron toda su vida para sacar adelante a los suyos –indicó Rivas Rodríguez.
Insistió en que los adultos mayores merecen la protección del estado cuando sus hijos incumplen con sus obligaciones familiares.
–Se trata de un tema de sensibilidad, reconocimiento, compromiso y valores porque todos llegaremos a ser adultos mayores –sentenció.
Un segundo punto fue la aprobación de reformas al Código de la Familia del Estado, con el objeto de acreditar la discapacidad en un proceso jurídico después de ser evaluada por especialistas, para que el juez otorgue el estado de interdicción; es decir, que un tutor interceda en nombre de una persona con discapacidad, respetando los derechos humanos de éste último.
Sobre este asunto, Elizabeth Gamboa Solís (PRI) informó que médicos, psicólogos, terapeutas, maestros de educación especial y otros especialistas, así como la persona con discapacidad, intervendrán en el juicio para determinar en qué casos específicos necesitan apoyo y asesoría para ejercer sus derechos.
El impulsor de esta iniciativa, Elías Lixa Abimerhi (PAN), reconoció a todos los diputados por la celeridad y sensibilidad de tratar esta propuesta que representa el empuje de asociaciones civiles y la comisión de derechos humanos para transformar el juicio de interdicción.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotografía: Gabriela Cortés
