MADRID.- El Tribunal Supremo español denegó ayer la puesta en libertad del exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, al considerar que existe riesgo de reiteración de los delitos por los que es investigado -rebelión, sedición y malversación- en relación con el proceso independentista promovido en esa región.
Junqueras, candidato del partido ERC (republicanos de izquierda) a presidir el próximo gobierno regional catalán, se encuentra en prisión preventiva sin fianza desde el 2 de noviembre pasado por orden judicial.
En un auto dictado, los tres magistrados encargados de revisar su recurso admiten que defender la independencia catalana es legítimo, pero ha de hacerse sin cometer delito.
En este sentido, consideran por unanimidad que Junqueras podría reincidir en las infracciones delictivas citadas.
Tras escuchar ayer los argumentos de Junqueras y su abogado, los jueces argumentan que no cuentan con datos para pensar que el recurrente tenga la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora para alcanzar la secesión de manera unilateral, es decir, al margen de la Constitución y las leyes españolas, que lo impiden.
En este punto, aseguran que “no puede hablarse de presos políticos” en esta caso. Además, valoran que existen indicios de esos delitos.
También señalan que el ejercicio de algunos cargos políticos no supone la impunidad, en alusión a que Junqueras resultó elegido diputado en las elecciones regionales catalanas del 21 de diciembre pasado.
Lo que se investiga es si Junqueras, según el auto, lideró un plan de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y se alzó contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y contra el resto del ordenamiento jurídico.
Ese comportamiento constituye “un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho”, advierten los jueces.
El auto señala que los indicios sitúan a Junqueras defendiendo la declaración de independencia fuera de cualquier vía de Derecho y anunció la firme voluntad de incumplir las decisiones del Tribunal Constitucional.
EFE
