Administraciones de Alito y Aysa, con el 94.7 por ciento de impunidad ante delitos

Durante el 2019, el estado ocupó el décimo tercer lugar en el índice de impunidad en el sistema de justicia penal

La organización  México Evalúa dio a conocer que Campeche, bajo la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González,  el índice de impunidad ante delitos denunciados fue del 94.7%, es decir, el décimo tercer lugar en el índice de impunidad en el sistema de justicia penal durante el 2019.

La agrupación civil, en su estudio “Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, reveló el índice de impunidad del 2019 en el estado, que, en otras palabras, quiere decir que el sistema de justicia penal en el estado sólo esclarece, resuelve y castiga a los responsables del 5.3 por ciento de los delitos denunciados en la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De esta manera, el índice de impunidad estatal es mayor en Campeche que la media nacional en 2019, que se ubicó en un 92.4 por ciento.

“En efecto, los niveles de impunidad, aunque no son comparables con los publicados el año anterior, pero se mantienen en su mayoría por encima del 90 por ciento”, expresó.

“De todas formas, es preciso advertir las disparidades identificadas entre fuentes de información, al comparar la impunidad medida a través del Modelo de Evaluación y Seguimiento (MES) y, por otro lado, aquélla que era posible medir a partir de los Censos de Gobierno, como puede apreciarse en la gráfica”, indicó.

México Evalúa afirmó que el Índice de Impunidad 2019 sugiere que no se han dado mejoras de las instituciones estatales del sistema de justicia penal, que permitan proporcionar justicia a los ciudadanos, lo que se traduce en un alto porcentaje de casos no resueltos o, en su defecto, casi la totalidad de los asuntos sin una resolución.

“Una señal de alerta que requiere ser atendida con urgencia, ya que, en este caso, se dejan fuera los delitos ocurridos que no son del conocimiento de las autoridades, lo cual estaría dando señales de un problema más grave”, puntualizó.

La organización civil destacó que la finalidad del sistema de justicia penal (SJP) en un Estado democrático de derecho es proveer respuestas satisfactorias a los conflictos derivados de la comisión de un delito, garantizando el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la reparación del daño a las víctimas y a la sociedad, así como procurar evitar la comisión de nuevos delitos.

“Para ello, es necesario que cada institución del SJP cumpla de manera eficiente con las funciones que le fueron encomendadas. Cuando el propósito del sistema de justicia no es cumplido, surge la impunidad, que se traduce en el principal indicador del fracaso de la justicia”, resaltó.

Desde una definición restringida, agregó, “la impunidad se entiende como la falta de castigo o sanción por la comisión de un delito; sin embargo, el castigo penal —entendido como prisión— no es necesariamente el objetivo final, ni único de un sistema penal moderno”.

“El sistema de justicia acusatorio busca resolver los conflictos penales de la manera menos perjudicial posible para todas las partes, privilegiando la reparación del daño y la reestructuración del tejido social”, abundó.

“Una de sus características esenciales es que privilegia el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas de terminación anticipada, de manera que únicamente los casos más complejos sean los que lleguen a juicio”, añadió.

De esta manera, apuntó, “la justicia no necesariamente se traduce en la imposición de castigos penales. Por lo tanto, en un sentido amplio, la impunidad implica la falta de investigación y resolución de un caso, ya sea por una sentencia condenatoria o por alguna vía alterna”.

“Si bien se trata de un fenómeno presente en todas las sociedades, los niveles en que la impunidad permea un sistema de justicia es lo que diferencia un Estado de derecho robusto, de uno que no lo es. Los sistemas de justicia que son efectivos resuelven los delitos en mayor medida, en tanto que los deficientes o desestructurados son incapaces de absorber de manera eficiente los delitos que les corresponde atender y resolver”, finalizó.

Texto y foto: Agencias

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