Académicos, ambientalistas y ciudadanos señalan que los agroquímicos, desechos de granjas e intrusión salina, afectan la sanidad del agua
Este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, y en este marco académicos, ambientalistas y ciudadanos que integran diversos colectivos de la Península de Yucatán exigen que, mediante la aprobación de una Nueva Ley General de Aguas, se detenga la contaminación del vital líquido.
En la reunión, en la que participaron académicos y representantes de grupos ambientalistas de Campeche y Quintana Roo, se destacó que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a los negocios, lo que ha ocasionado que se mantenga el acaparamiento del agua por un grupo de empresarios nacionales y extranjeros, violando flagrantemente la Carta Magna.
“Las granjas porcícolas en Yucatán vierten al subsuelo los desechos y residuos de vacunas, antibióticos y demás medicamentos, esto mientras las autoridades se hacen de la vista gorda”, dijo en una rueda de prensa virtual el representante del Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-Há”, Alberto Rodríguez, quien recalcó que el agua en la Península de Yucatán está en riesgo.
La Península de Yucatán está posicionada con uno de los sistemas más contaminados a nivel nacional por su vulnerabilidad natural, mientras que la actual Ley Nacional de Aguas no contiene ningún concepto o trato especial pertinente a los acuíferos kársticos como el de esta zona del país, que es una planicie compuesta de depósitos marinos y que cubre el 7% del territorio nacional.
Se explicó que por el bajorrelieve de esta región no se forman ríos, lo que da como resultado que se dependa totalmente del agua subterránea para todas las actividades económicas y sociales.
Por su cercanía al suelo, el acuífero de la Península es altamente vulnerable a la contaminación y al tener el suelo poco espesor, no existe sustrato para filtrar o retener infiltración de contaminantes, además de que el agua contaminada corre hacia las partes bajas en pendiente llevando hacia el mar aguas residuales de procesos industriales, porcícolas, de plantas desalinizadoras y pozos de absorción de agua, además de lixiviados por desechos sólidos maltratados.
Ante la contaminación, el derecho al agua se ha convertido en un gran negocio en las zonas pobladas del país; se calcula que entre 12.5 y 15 millones de mexicanos carecen del vital líquido en sus viviendas, por lo que en muchos lugares la manera de obtenerlo es comprarlo embotellado o en pipa.
“El agua se ha convertido en una mercancía más y para obtenerlas se compran y venden derechos del agua concesionada, y para engordar el negocio se agotan los mantos y no se garantiza el agua a las generaciones futuras”, se recalcó.
Los participantes en la rueda de prensa subrayaron que la Península de Yucatán enfrenta un gran desafío a nivel nacional, porque las políticas de desarrollo e inversión económica de los últimos diez años han impuesto un estrés ambiental y deterioro social en la región.
En el caso de Yucatán, se expuso que se vulnera el derecho del agua de la ciudadanía y comunidades al dar autorizaciones a grandes corporaciones y granjas porcícolas asentadas en zonas de alta conectividad hídrica y cerca de áreas naturales protegidas, además de que se otorgan concesiones de extracción de agua a cerveceras por refresqueras.
