Los Guardianes de los Cenotes y el Grupo Indignación lamentan que las y los diputados insistan en desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún
Al concluir el plazo otorgado por la jueza Miriam Cámara Patrón para sacar los más de 30 mil cerdos de la megagranja de Homún propiedad de la empresa Producción Agroalimentaria y Porcícola (Papo), el equipo jurídico que defiende a seis niños de la población maya de ese municipio solicitó a la togada que aplique los castigos correspondientes, pues el criadero se encuentra en desacato.
En un escrito jurídico, la abogada Lourdes Medina Carrillo, del Grupo Indignación, hizo la solicitud a la jueza, y recordó que la empresa ya se encuentra en desacato desde el martes pasado por la noche, cuando se cumplieron las 24 horas que la ley otorga a las autoridades para verificar los actos judiciales, por lo que la jueza puede ordenar diversas sanciones, entre ellas la inhabilitación de autoridades que no han verificado que la empresa cumpla con retirar a los cerdos.
Además, tanto cenoteros como el grupo Indignación lamentaron el papel de la Comisión Especial y plural del Congreso del Estado ya que, evidentemente, actúan a favor de esa empresa.
De acuerdo a los integrantes de Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los cenotes de Homún), la ampliación del plazo que la jueza del Cuarto Distrito, Miriam Cámara Patrón, dio a la empresa para retirar los cerdos se venció el lunes pasado. A partir de allí, de acuerdo a la Ley, el Ejecutivo Estatal a través de la Seduma y el Ayuntamiento de Homún tuvieron 24 horas, que se vencieron el martes a la medianoche, para ver que la empresa cumpliera con los requerimientos del Poder Judicial.
–Por ello hemos solicitado a la Juez que aplique sanciones porque la empresa está en desacato y las autoridades no han hecho nada para hacer cumplir la orden de cerrar operaciones—admitió la asesora jurídica.
En ese sentido, Ka’anan Ts’onot y el equipo Indignación presentaron ante el Juzgado un incidente de incumplimiento de la suspensión para que se proceda como corresponda, toda vez que la jueza explicó en su resolución del 24 de octubre que el incumplimiento puede dar lugar a responsabilidades penales y civiles que pueden incluir la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el caso de las autoridades y expresamente menciona que si es necesario se usará la fuerza pública para detener las operaciones de la megagranja porcícola.
Cabe mencionar que la orden de suspensión la decretó la jueza cuarta de distrito desde el 1 de octubre, cuando concedió la suspensión provisional como medida precautoria ante la posibilidad de daños irreparables en el amparo presentado por seis niños y niñas de Homún, cuyo derecho a la salud, al medio ambiente sano se vería afectado por la operación de la granja.
El 9 de octubre la jueza cuarta de distrito reiteró la medida al conceder la suspensión definitiva –en tanto se resuelve el amparo– después de una inspección judicial a la megagranja porcícola.
–El 24 de octubre, al reiterar esa suspensión, explicó precisamente a qué se refiere con paralizar actividades. La megagranja porcícola ha tenido un mes para retirar a los cerdos del lugar y no lo ha hecho. Lleva un mes en desacato—afirmaron.
A pesar de ello, señalaron, y respaldando la violación al mandato judicial en el que incurre la empresa, una Comisión de diputados y diputados que parece maniobrar a favor de la empresa porcícola, visitó las instalaciones el pasado lunes y expresó opiniones favorables a la operación de la megagranja.
–Las y los diputados insisten en desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún, que rechazó la megagranja porcícola a través de una consulta organizada por el propio pueblo maya en ejercicio de su libre determinación. Los resultados de esa consulta se entregaron a la actual legislatura. El pueblo de Homún no sólo no ha autorizado, sino que ha manifestado su rechazo a la operación de una megagranja de tales dimensiones en plena zona de recarga del anillo de los cenotes—señalaron.
Por ello, dijeron, no se puede entender la visita de las y los diputados, sino como una maniobra de la empresa para burlar la determinación judicial y la decisión del pueblo de Homún.
–El Congreso del Estado parece burlarse de la autoridad judicial, al participar en una visita a una granja cuyo funcionamiento implica un desacato a la Juez Cuarta de Distrito y una maniobra tramposa de la empresa para desobedecer la orden judicial—acusaron.
Calumnias
Los integrantes del grupo Los Guardianes de los Cenotes denunciaron que los representantes y dueños de la empresa mienten al decir que los “cenoteros” les pidieron dinero para dejarlos operar.
–Al señor Ricardo Díaz, que lo ha dicho y reiterado, le exigimos revelar quién les extorsionó e interponer la denuncia correspondiente, pues no es posible cobijarse en la impunidad de quien sugiere pero no concluye su afirmación ni señala ni prueba—señalaron.
La activista Marta Capetillo Pasos afirmó que ese proceder es un recurso que utilizan para denostar los movimientos sociales y de los pueblos, pues hay pruebas que lo mismo se realiza en otros casos que han asesorado.
En ese sentido, los señores José May y Doroteo Hau, de Los Guardianes de los Cenotes, afirmaron que no han sido contactados por la Comisión Especial y Plural del Congreso del Estado para darle seguimiento al caso, pero con la declaración de la diputada Silvia López Escoffié en el sentido de que la granja no contamina, pues ve difícil que sean imparciales.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotos: Esteban Cruz/Juliana Sepúlveda
