Justo al inicio del 2018 y con más información disponible de los principales precandidatos para sustituir al Ejecutivo Federal, la comparación entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador es la de perfiles similares en temas de corrupción y seguridad interior, pero con discursos frente al público diferenciados entre uno y otro.
En lo que se refiere a temas de corrupción, ninguno de los dos precandidatos acepta públicamente que personajes cercanos a ellos han sido parte de actos de corrupción en distintas esferas de la vida política mexicana.
Andrés Manuel, desde la época en que gobernó Ciudad de México, estuvo rodeado de figuras a los cuales se les comprobó actos ilícitos como Gustavo Ponce Meléndez (secretario de Finanzas que desviaba dinero de las cuentas públicas y era apostador en Las Vegas), lo cual hace sospechar sobre el porqué algunas cuentas de la construcción al segundo piso del Periférico están cerradas a consulta pública.
En lo que se refiere al caso René Bejarano, la cercanía con Carlos Ahumada lo llevó a ser exhibido guardando fajos de dinero al igual que con Carlos Ímaz (exesposo de Claudia Sheinbaum), a la par que se descubría que una planta de asfalto, propiedad de Ahumada en la delegación Álvaro Obregón, contaba con el aval de Sheinbaum para operar, cuando ella en ese entonces era secretaria de Medio Ambiente con López Obrador en Ciudad de México por el 2004.
Si a los nombres mencionados añadimos el de Manuel Bartlett o Marcelo Ebrard, el elector no encuentra una sustancial diferencia con las alianzas personales y de grupo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene a nivel federal, por lo que la única diferencia visible es la de que un grupo corrompe a nivel nacional y el otro en el ámbito local, dada la estructura de poder que tiene cada uno.
En el caso de seguridad interior, tanto el precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como el presentado por el PRI tienen una visión corta del problema y carecen de una solución integral que atienda a las necesidades nacionales.
En el caso priista, la Ley de Seguridad Interior es presentada como el remedio ante amenazas de grupos armados que han rebasado a la autoridad local o municipal, pero que en realidad debe verse como una estrategia de seguridad que está enfocada a proteger ciertas inversiones locales y extranjeras, que en caso de no contar con la presencia del ejército, no podrían florecer, por lo que estamos ante un plan que resguarda el patrimonio económico de algunos grupos y no se enfoca en el social de todas las familias.
El ejemplo más claro a lo escrito en el párrafo anterior tiene que ver con la reforma energética, la cual no ha sido explotada a totalidad debido a que existen zonas en las cuales el Estado no es capaz de ofrecer ninguna garantía al capital que busca invertir en el ramo.
Para Andrés Manuel el perdón, negociar con algunos grupos criminales y el ejemplo de honestidad basta para remediar el problema en un plazo máximo de tres años, sin meditar que el caso mexicano, requiere de una estrategia integral que conlleva fortalecer el sistema educativo y limpiar todos los cuerpos de policía del país.
Si a la par de la estrategia planteada por Andrés Manuel en materia de seguridad se da la cancelación de la reforma educativa, estaríamos ante un escenario contradictorio generado por Morena, es decir, aceptar que el sistema escolar antes de la reforma era ideal y funcionaba, cuando la realidad ha demostrado que ese modelo educativo engendrado por el PRI es el origen de varios males sociales en México, incluida la extrema violencia que hoy vivimos.
Si nos centramos en el pactar o dar el perdón a grupos criminales, significa reproducir el escenario actual de violencia, ya que no se está negociando bajo normas institucionales, lo cual conlleva que uno de los posibles acuerdos sea el que el grupo delictivo imponga personajes a la gubernatura de un estado o controle por completo al Congreso de la Unión, ya que solo eso garantizaría recuperar la pérdida económica que le significa dejar sus actividades ilegales.
Tanto el PRI como Morena son poco claros en qué clase de sociedad van a formar los próximos años en materia de seguridad y corrupción, la cual se construye desde el sistema educativo, apoyado del sector salud, la generación de empleo y una estrategia de desarrollo ya sea enfocada en los servicios, la industria o el campo, ya que dicho plan es vital para controlar los niveles de violencia y es algo que no se logra en un plazo de tres años como propone Andrés Manuel o de seis como argumenta José Antonio Meade.
Por Alejandro Fitzmaurice
