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Uno de los más intensos debates dentro del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador es el que tiene que ver con la redefinición o desaparición del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (Cisen).
Creado como una central de inteligencia para salvaguardar la integridad del Estado mexicano –al estilo del FBI norteamericano, el Mosad israelí o el M16 inglés– el Cisen acabó secuestrado por intereses políticos muy personales, que la convirtieron en el epicentro del espionaje e incluso la desaparición de los opositores.
El antecedente inmediato del Cisen fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que con Fernando Gutiérrez Barrios como su dueño de facto, se transformó en el centro de operaciones de la guerra sucia a partir de los movimientos estudiantiles de 1968.
Por ahí desfilaron años después nombres de oscuros policías de la pseudo inteligencia nacional, como Miguel Nazar Haro, José Antonio Zorrilla o Javier García Paniagua, que hicieron de la DFS el equivalente a la santa inquisición política nacional.
Sin duda uno de los grandes desaciertos del actual gobierno fue el de haberle entregado el Cisen a Miguel Ángel Osorio Chong, quien en su ambición personal lo convirtió en un brazo político para promover su fallida candidatura presidencial.
Pero el que los Gutiérrez Barrios, los Nazar Haro, los Zorrilla o los Osorio Chong hayan desvirtuado los organismos de seguridad nacional, nada tiene que ver con la absurda idea de desaparecerlos. Aquí no aplica aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. Si matan a este perro, la rabia será epidemia.
No existe gobierno en el planeta que por seguridad nacional no cuente con un organismo que investigue en el mayor sigilo –como inteligencia civil– actividades que van desde el terrorismo, intervenciones extranjeras que amenacen la soberanía o cualquier suceso que ponga en riesgo al Estado.
Ahora mismo el gran debate en Estados Unidos es la investigación que el FBI hizo –al margen del Pentágono o de Homeland Security- de la presunta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Y aún con el presidente en contra, la conclusión fue que los rusos metieron mano para favorecer a Trump.
Por eso es prudente que el equipo del virtual presidente electo dimensione el reto de la incipiente propuesta Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dibujada ya por Alfonso Durazo, responsable en la transición de los asuntos de seguridad.
¿Debe esa ANI depender del Secretario de Gobernación, del de Seguridad o del de Defensa? ¿O sería mejor que, como sucede en la mayoría de los países, sea una entidad dependiente directamente de la presidencia, como sucede con el FBI, el Mosad o M16?
Por supuesto que sobrarán los puristas o los extremistas que digan que la ANI no dejará de ejercer labores de espionaje. ¿Y por qué tendría que hacerlo?
Esas intervenciones son necesarias, y no deben ser satanizadas cuando existe un juez de control que las aprueba y las regula.
¿O cómo creen que son capturados en todo el mundo los terroristas, los grandes narcotraficantes o los anarquistas que ponen contra la pared al Estado y por ende la integridad de los ciudadanos? Pues interviniendo sus comunicaciones, sus llamadas telefónicas, siguiéndolos o escudriñando sus redes sociales.
Por eso es recomendable que el virtual presidente electo López Obrador evalúe muy bien las alternativas para hacer la reingeniería para operar la necesaria inteligencia nacional que demanda el Estado Mexicano. No estamos hablando de un abuso o de un gasto, sino de una necesidad.
