Fonatur ha hecho cosas fuera de la ley, asegura abogado
El colectivo Kanán informó ayer lunes que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión definitiva del Proyecto Tren Maya, para que las autoridades se abstengan de realizar actos tendientes a la construcción de obras nuevas en los municipios de Mérida, Chocholá e Izamal.
Transcurrió casi un mes desde que, en audiencia incidental, el 21 de enero se otorgó la suspensión provisional, esto en lo que se resuelve el juicio de amparo en lo principal, es decir los reclamos por falta de transparencia activa y participación pública; aquí también se prohibió la construcción de obra nueva.
Como se recordará, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto del Tren Maya el 30 de noviembre, autorizando al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la ejecución de obras nuevas en cualquier proyecto.
Más adelante, la propia autoridad ambiental reconoció la ausencia de información durante la consulta pública y que fue responsabilidad del Fonatur el no poner a disposición de la Semarnat todos los datos del proyecto, por lo que se presentó el amparo al considerar que no cumplió con sus obligaciones en pro de la protección del medio ambiente, ni tampoco con la transparencia, el acceso a la información y la participación pública durante el proceso de consulta a la población.
“Esto confirma que existen irregularidades en el proyecto del Tren Maya y que Fonatur ha hecho cosas fuera de la ley”, dijo a Peninsular Punto Medio el abogado del equipo de derechos humanos del grupo Indignación, José Orvelín Montiel Cortés, quien destacó que en las próximas horas se espera que en el Juzgado Cuarto de Distrito se resuelva también si se otorga la suspensión definitiva a dos amparos promovidos para la suspensión de obras en el tramo 3, que va de Calkiní a Izamal, pasando por Mérida.
Fue la semana pasada que se otorgó la suspensión provisional a raíz de la demanda presentada por integrantes de 40 comunidades por las que pasaría el Tren Maya y que señalan falta de información y el tema de la manifestación de impacto ambiental, ya que, afirmaron, no se ha hecho una evaluación ambiental estratégica que abarque toda la región y que no fuera fraccionada.
Respecto de la resolución que se dio a conocer, el abogado Montiel Cortés explicó que una suspensión definitiva no significa que el amparo ya está resuelto, pues la autoridad puede impugnar esta resolución, como es seguro que lo harán Fonatur y Semarnat ante un Tribunal Colegiado, que es el que tendría que resolver.
En torno a la Manifestación de Impacto Ambiental que autorizó la Semarnat, el entrevistado comentó que varios especialistas, académicos y científicos que han trabajado en la materia han dicho que no cumple con ciertos requisitos y que no están especificados realmente los daños que va ocasionar el proyecto.
“Nos damos cuenta de que el Gobierno Federal está empecinado en continuar con el proyecto, a pesar de todo lo que hay en contra, entonces simplemente te diría que hay que seguir el curso legal que tenemos en cuanto los recursos y ahora sí que sea la justicia que decida qué es lo que va a pasar”, subrayó.
-Así es que a partir de esta suspensión definitiva se supone que no debería de verse a trabajadores en las obras, al menos en Mérida, Chocholá e Izamal -se le preguntó al abogado, quien respondió que así debería de ser en teoría, aunque también podría ser que argumenten que solo deben abstenerse de realizar obra nueva, lo que significa que no deberían de talar árboles, pero sí hacer actividades, por ejemplo, de mantenimiento.
Este podría ser el caso de lo que ocurre en la carretera Mérida – Tixkokob, a la altura de la población de Chochó, comisaría de Tixpéual, donde ayer el equipo de este periódico verificó que los trabajos continuaban con maquinarias que iban y venían sobre el terraplén de ampliación de la vía que conduce a Izamal y que es parte del tramo 3.
En este caso, algunos trabajadores comentaron que no han recibido notificación alguna para dejar de laborar, por lo que sus actividades las realizaban de manera normal.
Al respecto, el abogado explicó que en el tema de las suspensiones se especifica que no se deben lleven a cabo nuevos trabajos, nuevas líneas férreas, pero no se menciona el tema de las reparaciones y mantenimiento de las líneas que ya están.
“En el caso de que estén haciendo nuevas construcciones y tala de árboles estarían violando las suspensiones y, por lo tanto, tendrían consecuencias jurídicas”, recalcó.
En dado caso que incumplan con esas suspensiones, detalló, la ley prevé que las comunidades tienen la oportunidad de iniciar un incidente de inejecución de sentencia.
“Con este incidente justamente se le dice al juez que las suspensiones no se están cumpliendo y que por lo tanto se tendría que iniciar un proceso para inclusive destituir del cargo a las autoridades por incumplimiento de la suspensión”, abundó.
“De quedar firme la resolución se tendrían que desahogar las pruebas periciales para acreditar justamente todos los daños que se están ocasionando al medio ambiente, eso lleva su tiempo, podría tardar seis meses a un año dependiendo de lo que se aporte en el juicio, pero vamos por buen camino”, puntualizó.
Texto y fotos: Manuel Pool
