A Yucatán le llueve sobre mojado, lejos está de reponerse de los estragos provocados por las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal”, que afectaron a 75 municipios de los 106 que tiene el Estado y a 943 mil 382 personas, de las que 549 mil 639 se encuentran en situación de pobreza, es decir el 63 por ciento. Las pérdidas en el campo, vivienda, infraestructura carretera, de salud, educativa, deportiva, vialidades urbanas, etc., fueron millonarias y muy poco se ha podido hacer para remediar la situación, pues el apoyo del gobierno federal nunca llegó.
Ahora “Gamma” y el huracán “Delta”, hicieron lo propio, causando daños a 19 municipios del oriente de Yucatán, pero el mutis e inmovilidad del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es el mismo y aunque este fin de semana acudió a tierras yucatecas, fue para supervisar avances de la construcción del “Tren Maya”, una de las obras faraónicas e insignes de su administración, pero no a recorrer la zona afectada por el paso del Huracán y apoyar a los damnificados.
Sin embargo, la tragedia no termina ahí, a la indiferencia mostrada por la máxima autoridad del país, se suma el atropello realizado el miércoles en la Cámara de Diputados por parte de los legisladores de Morena y sus aliados, que avalaron la extinción de 109 fideicomisos, por los que el gobierno federal obtendrá 68 mil 478 millones de pesos. Entre estos fideicomisos, se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que tenía etiquetados 6 mil 900 millones de pesos, que en estos momentos de terremotos, inundaciones, huracanes y heladas son tan necesarios para que, aunque en forma limitada, permitiera atender las emergencias con despensas, colchones, agua potable, etc., e inmediatamente después, iniciar la reconstrucción de casas, caminos, sembrados y carreteras afectadas, entre otros.
Sin embargo, al gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, no le importa dejar en total desamparo a miles de familias de prácticamente todos los estados del sureste mexicano: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas; lo único que le importa es conservar el poder de este país a costa de lo que sea y sacar adelante las obras del sexenio morenista como el Tren Maya, que incrementó su costo en 17 mil millones. Pero la desaparición de los fideicomisos no ayudará al Gobierno Federal a salir de la delicada situación que guardan las finanzas públicas en 2020 y menos alcanzarán los de 2021 para “atender” el proceso electoral que se avecina; por tanto, si ahora son los fideicomisos, habrá que preguntarnos ¿qué sigue? ¿qué más traman usurpar los morenistas?
La atención que necesitan millones de mexicanos ante los embates de los fenómenos naturales requiere ser resuelta en forma inmediata y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo hace, los ciudadanos tendrán que organizarse y exigir sus derechos a pesar de que al Presidente de la República, le sea tan incómoda y detestable la organización del pueblo, ese pueblo que tanto invoca en sus discursos pero al que le niega todo bienestar que lo haga sentir más humano.
Para un gobernante autoritario como López Obrador, toda demanda, toda petición emanada de las bases de sus gobernados no autorizada ni sugerida por él, es un desafío a su poder, es un reto que pone a prueba su autoridad y su capacidad para gobernar sin tener que consultar y obedecer más que su soberana voluntad. Para él es inadmisible toda sugerencia en cómo gastar parte del erario en algo que no entra dentro de sus planes, que no corresponde a su visión de cómo deben distribuirse los recursos públicos, sobre los que considera tener derecho absoluto desde el momento en que el pueblo mismo lo ungió con su voto y le entregó el poder.
La magnitud y la profundidad de la molestia que causa en el Presidente de la República, la actividad peticionaria y autogestionaria de las masas populares, queda de manifiesto en la virulencia y el carácter humillante de sus respuestas, no solo en la resistencia que opone a la solución positiva de las mismas sino que sigue acusando a los líderes como intermediarios y corruptos a los que a la brevedad se les fabrican delitos, se les persigue y lincha políticamente y mediáticamente, como ha ocurrido con los líderes antorchistas.
Pese a todo, el Movimiento Antorchista, llama a los yucatecos de buena fe a sumar su voz y su fuerza, como un solo hombre, para exigir al Gobierno Federal atención y apoyo para todos los damnificados por las tres tormentas tropicales y el huracán “Delta”. No debemos permitir que mientras miles de familias arriesgan su vida y pierden su pocas y humildes pertenencias, el ejecutivo federal venga a Yucatán a dar banderazos de inicios de obra o a supervisar avances del Tren Maya, ignorando olímpicamente los males y destrozos ocasionados por los embates naturales, y negar el apoyo que requieren los damnificados. Sabemos que la lucha de masas no es el remedio perfecto, que tiene sus costos, pero el gobierno de la 4ª T no deja otro camino a las familias humildes que necesitan del apoyo de sus gobernantes en situaciones tan difíciles y trágicas a que las someten los fenómenos naturales o las pandemias como el covid-19. ¿Qué otro camino le deja Morena al Pueblo?
Destruir los programas y fideicomisos que antes paliaban situaciones como la que ahora padecen los yucatecos, no ayuda en nada a la estabilidad social, más bien deteriora el tejido social. Las políticas equivocadas del Presidente López Obrador, aplicadas a rajatabla, están hundiendo al país; las elecciones de 2021 son una buena oportunidad para salvar a nuestra patria de la visión dogmática y dictatorial de Morena. Actuemos en consecuencia.
Texto: Aleida Ramírez Huerta, dirigente del Movimiento Antorchista en Yucatán
