La popularidad del presidente de Brasil alcanza mínimos cuando el país supera las 13,000 muertes y roza los 190,000 casos de contagio.
A medida que Brasil suma muertos y contagios por coronavirus hasta convertirse en el país emergente más afectado, la ciudadanía va perdiendo la paciencia con su presidente. El martes alcanzó su máximo en un solo día: 881 fallecidos. Un debilitado Jair Bolsonaro persiste en el pulso con los gobernadores sobre cómo afrontarla y se defiende con ataques mientras avanza la investigación del Tribunal Supremo sobre su supuesta injerencia en la cúpula de la policía para proteger a su familia. Los tres ministros más cercanos al mandatario ultraderechista —tres generales, uno en activo— han sido interrogados en Brasilia horas después de que una encuesta pusiera cifras al desplome de su popularidad.
El Supremo investiga a Bolsonaro después de que Sergio Moro lo acusara durante su dimisión al frente del Ministerio de Justicia. Moro, el juez que simboliza la lucha anticorrupción y que era el ministro más popular, aseguró que el presidente le había presionado para que cambiara al director de la Policía federal con la vista puesta en proteger a sus hijos, salpicados en varios casos. Las pesquisas avanzan a velocidad de crucero. Moro ya declaró. Y el martes fue el turno de tres ministros que trabajan con el presidente en el Palacio de Planalto.
Otra pieza clave es la grabación del Consejo de Ministros celebrado dos días antes del portazo de Moro. Dos personas que han visto el video aseguran extraoficialmente a este diario que Bolsonaro dijo en la reunión que su familia era perseguida por la Policía federal. Aunque la cinta no es pública, el presidente ha negado haber pronunciado las palabras “Policía federal”. A tenor de lo filtrado, fue una reunión explosiva con insultos a varios gobernadores y en la que el ministro de Educación pidió la cárcel para los jueces del Supremo.
Cada vez más acorralado, el mandatario negocia con varios partidos que encarnan la vieja política que tanto denostaba, formaciones que ofrecen su apoyo a cambio de cargos que gestionan suculentos presupuestos. Bolsonaro los necesita para parar en el Congreso un eventual juicio. Su procesamiento requeriría la aprobación del Supremo y de dos tercios de la Cámara de Diputados. Sería juzgado ante el alto tribunal.
Texto y foto: Agencia
