El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó ayer el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el estado de Ceará, escenario de motines por parte de policías que exigen un aumento de sus salarios.
Los militares permanecen inicialmente desde ayer y hasta el próximo 28 de febrero en diversos puntos de Ceará a ser definidos por el Ministerio de Defensa, según el decreto firmado por Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña y capitán de la reserva del Ejército.
Ceará vive en los últimos días una crisis de orden público que alcanzó su punto álgido en la víspera, cuando el senador laborista Cid Gomes recibió dos disparos en el pecho en la ciudad de Sobral, aunque se encuentra “estable” y su vida no corre peligro.
El parlamentario, del Partido Democrático Laborista (PDT, centroizquierda), fue tiroteado mientras conducía una retroexcavadora, con la que intentó romper un bloqueo realizado por supuestos agentes encapuchados a las puertas de un batallón policial.
El Gobierno brasileño ya había autorizado previamente el envío a Ceará de un contingente de 300 agentes de la Fuerza Nacional, integrado por policías de elite, para garantizar la seguridad en diferentes ciudades de ese estado.
Sin embargo, el gobernador de Ceará, Camilo Santana, del Partido de los Trabajadores (PT), ha ido un paso más allá y solicitó el empleo de las Fuerzas Armadas a fin de pacificar la región y contener los altercados que se han multiplicado desde que grupos de policías militarizados decidieron cruzarse de brazos.
Bolsonaro atendió ese pedido dentro de la llamada “Garantía de la Ley y el Orden” (GLO) que permite llamar a las Fuerzas Armadas en casos excepcionales.
Esta no es la primera vez que Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero de 2019, recurre al empleo de las Fuerzas Armadas, a las que convocó en agosto del año pasado para ayudar en el combate a los enormes incendios que avanzaban sobre la Amazonía.
Las protestas en Ceará comenzaron la tarde del martes, cuando personas encapuchadas y enmascaradas -supuestamente agentes-, entraron en cuarteles de diferentes ciudades del estado y pincharon las ruedas de los vehículos oficiales.
Los policías militarizados, que en Brasil tienen estatus militar, tienen prohibido constitucionalmente hacer huelga, una decisión que fue ratificada en 2017 por el Tribunal Supremo, la máxima corte del país.
En los casos en los quieren hacer oír sus reivindicaciones suelen hacer uso de familiares y amigos.
Brasil vivió un episodio parecido en 2017, cuando los policías militarizados del estado de Espírito Santo (sureste) estuvieron en huelga durante 21 días igualmente para demandar mejores condiciones labores y un aumento salarial.
Entonces, el paro de los agentes provocó en su primera semana una inusual ola de violencia con cerca de 150 muertos.
Texto y foto: EFE
