Con la aprobación de la nueva Ley de Videovigilancia del Estado de Yucatán se pretenden que los “ojos y oídos” de las autoridades yucatecas puedan estar en todos lados, sin dar tregua a los delincuentes, para mantener a la entidad entre las más seguras del país, afirmó el diputado Daniel Granja Peniche, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local.
Debido a esa importancia, es que Punto Medio les presenta hoy los puntos más importantes de la nueva legislación y la relación que tendrán con los desarrolladores inmobiliarios, ya que las cámaras de videovigilancia de los fraccionamientos privados se podrán conectar a la red de la SSP, siempre que sea solicitado por el particular.
Lo que sí dejó en claro Granja Peniche es que no habrá invasión a la intimidad de los ciudadanos, porque las cámaras de seguridad que serán monitoreadas son las que están dirigidos afuera de los domicilios, a las calles.
–Como hemos informado anteriormente, desde que hemos estado trabajando en Escudo Yucatán ha habido diversos temas y reuniones con las autoridades de seguridad pública en donde se han puesto en servicio un sistema de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, pero qué mejor manera de también hacerlo con la sociedad civil y los habitantes de fraccionamientos. Con esta Ley se viene a facilitar el trabajo de la SSP para que haya mejor coordinación con los diversos empresarios y desarrollos inmobiliarios para que juntos, la sociedad y el gobierno, se pueda seguir trabajando por la seguridad en el estado—afirmó.
La nueva legislación se creó tomando en cuenta los siguientes motivos:
“La seguridad pública es una prioridad nacional e internacional. Por desgracia, en los últimos años hemos observado cómo la desintegración social, la delincuencia y la criminalidad, entre otros factores, han generado profundos problemas de seguridad en algunas ciudades del mundo, dando pie al deterioro de las condiciones económicas, políticas y sociales, lo que trastoca el estado de bienestar que debe existir en toda comunidad”.
“Las tecnologías de la información y comunicación han revolucionado el mundo y cambiando la forma de vivir y de hacer las cosas. Han acortado distancias, tiempos, mejora la calidad de los bienes y servicios y facilitado, en gran medida, la manera de producirlos”.
“Por ello, la vigilancia a través de las cámaras, es decir, la videovigilancia, ha sido, desde muchos años, una alternativa por la que han optado varias personas para proteger su integridad física y patrimonial. Así, este avance tecnológico, que nació con un enfoque privado, ha dado pie a la videovigilancia pública”.
“La videovigilancia, en el contexto de la seguridad pública, es la función que se realiza mediante cámaras de video o móviles, que pueden captar o grabar imágenes y, en algunos casos, sonidos, y que tiene por objeto, principalmente, prevenir infracciones administrativas, o hechos delictivos, reaccionar más ágil y oportunamente ante su comisión y coadyuvar a su investigación y posible sanción”.
De acuerdo al dictamen, a partir de la reforma constitucional de los derechos humanos del año 2011, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales adquieren mayor relevancia: el derecho a la privacidad, protección de datos personales, libertad de tránsito y no discriminación.
Esos derechos quedaron salvados en la Ley, de acuerdo al dictamen aprobado por los legisladores.
Sobre la obligación de los desarrolladores de vivienda, la Ley señala lo siguiente:
“Será requisito de la solicitud de urbanización de un fraccionamiento, el de presentar a la autoridad municipal el sistema de videovigilancia, aprobado por la autoridad de seguridad pública competente, que considerará las cámaras como la infraestructura y los sistemas o equipos tecnológicos complementarios, necesarios para su instalación y funcionamiento”.
“Se establece en la Ley, que para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de videovigilancia que se instalen en los desarrollos inmobiliarios de tipo fraccionamiento, las áreas de destinos serán enajenadas a favor del municipio, pero las cámaras y su sistema de vigilancias será enajenado a título gratuito a favor del Gobierno del Estado”.
En ese sentido, concluyó el dictamen, la instalación de cámaras de videovigilancias traerán múltiples ventajas y resultados, permitiendo la detección y oportuna atención de las infracciones administrativas, delitos y emergencias.
Texto: Esteban Cruz Obando
