Por María de la Lama
No faltan esfuerzos académicos por diseñar criterios para evaluar el periodismo en México. Uno de los más importantes es el realizado por la Red de Periodismo de Calidad, una iniciativa que busca fortalecer el periodismo de calidad en México, que publicó en 2006 un artículo en el que se propone un marco teórico para elevar los contenidos periodísticos en México, elaborando estándares o indicadores que tomen en cuenta “que los medios han llegado a convertirse en espacio vital donde se realiza buena parte de la discusión pública”. Entre los criterios propuestos está el de transparencia, la seguridad de los periodistas ante el crimen y las amenazas violentas, y la educación de las audiencias. Aunque estos factores son importantes, hay poco énfasis en el papel de la influencia gubernamental en el periodismo en México. Este problema no cabe en las categorías previas, pues es transparente, legal, y no implica a las audiencias. La censura gubernamental institucionalizada es un factor poco enfatizado, lo cual sorprende dada la percepción generalizada de que este es un problema grave.
El periódico estadounidense The New York Times publicó en diciembre de 2017 un reportaje al respecto. Éste trataba sobre la influencia que el gobierno mexicano tiene sobre los medios de comunicación debido al presupuesto que destina a publicidad: “Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: -No te pago para criticarme- ”. Este reportaje denunciaba cómo este cliente, el gobierno mexicano, gasta tradicionalmente millones de dólares anuales (y eso solo el gobierno federal) de fondos gubernamentales en publicidad, creando una influencia en la industria que, de forma institucionalizada, intimida y censura los medios de comunicación.
Lo más interesante de este análisis de la relación que existe en México entre Estado y medios de comunicación, es que la dinámica que se evidencia no es corrupción en el sentido más estricto. Estas dinámicas que resultan en censura son legales y transparentes. Y esta censura institucionalizada es la que controla gran parte de la industria periodística en México y le impide servir sus funciones sociales más importantes.
En una industria competitiva, las empresas que sobreviven económicamente son las más valoradas por los consumidores, por la sociedad. Pero, a pesar de que la sociedad valora el periodismo crítico y de oposición, en la industria periodística en México las empresas que sobreviven son las que se suscriben al discurso que dicta el Estado. Esto se debe a la cantidad de dinero que el Estado dirige a publicidad. El resultado es el paisaje periodístico que vemos en México: pocos periódicos dispuestos a oponerse al poder y de servir de contrapeso al gobierno. En todo el mundo este contrapeso es una función importante del periodismo; pero en un país con un historial de gobiernos corruptos como el nuestro, esta función es fundamental. Y la dinámica que pervierte esta función debe ser llamada por su nombre: censura, porque lo es aunque esté institucionalizada.
