El gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, sorprendió a todo mundo ayer por la mañana al dar marcha atrás al pretendido cobro del “Derecho por Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad”, como respuesta a la negativa de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) de captarlo a través de sus recibos por el consumo.
En rueda de prensa a las 7 a.m. en el Palacio de Gobierno, Vila Dosal dijo que el martes pasado se reunió con Manuel Bartlett Díaz, director general de la paraestatal, quien le comentó que no se podría cobrar el impuesto en los recibos de luz, “y más tarde nos lo hicieron saber mediante un oficio”.
De esta manera, detalló el gobernador, quien estuvo acompañado por cuatro funcionarios, decidió no buscar otros medios para implementar el cobro, como pudo ser el predial o el recibo del agua, y giró instrucciones para cancelarlo.
Pese a que ya no captará ese recurso, el Gobierno del Estado resaltó no se bajará la guardia en los temas de seguridad, sobre todo en un entorno como el actual, donde en el año 2019 el país tuvo el año más violento de su historia.
Recordó que el impuesto pretendido fue aprobado por la gran mayoría de los diputados del Congreso, representantes de todas las fuerzas políticas que ahí coinciden: PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Nueva Alianza.
Contó también que la CFE había señalado, en un oficio con fecha 5 de noviembre de 2019, que el cobro era viable, e incluso, la paraestatal tasó la contraprestación a ese servicio en 5.8% más IVA de lo recaudado.
Vila Dosal explicó que con la decisión de ya no cobrar es impuesto se evitó un conflicto jurídico entre el Gobierno Federal y el gobierno estatal, ya que como “estado soberano estamos en nuestro derecho de interponer los recursos jurídicos pertinentes, pero la convicción de esta administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles sino resultados tangibles. Estamos convencidos que la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales sino en nuestras calles y hogares”, recalcó.
Escuchó a los ciudadanos
“Somos un gobierno cercano y que escucha a los ciudadanos, por eso, también he tomado la decisión de no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho, como podría ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable”, dijo.
Entonces, reiteró, que no se bajará la guardia un centímetro en materia de seguridad y tomó la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad, que será financiada ampliando las políticas de austeridad.
Por eso, anunció las acciones siguientes: al consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, que de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efectos.
A la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, para que refuerce las medidas de austeridad anunciadas al inicio de esta administración; sin afectar los apoyos y los servicios.
“Específicamente, he ordenado que ningún mando medio y superior de este Gobierno goce de aumento de sueldo, que se adelgace la estructura burocrática que no tenga que ver con prestación de servicios básicos y que se amplíen, en general, las medidas de ahorro presupuestal tomadas en esta administración”, señaló.
Remató: “El Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2020 se elaboró con base en un diagnóstico en el que se alertaba, con claridad, que la Federación había dejado de enviar recursos que, en términos reales, ascendían a 3,860 millones de pesos. Sin embargo, superaremos este reto con eficacia, disciplina financiera y transparencia”.
Se veía venir, dicen opositores
Representantes de los partidos de oposición coincidieron que la decisión del gobernador de dar marcha atrás al cobro del “impuesto por seguridad”, se veía venir, pues era inconstitucional.
La senadora Verónica Camino Farjat, del PVEM señaló que las ciudadanas y ciudadanos lograron que un Gobierno reconociera que el camino que eligió no era el correcto.
“Se demostró que es la ley y la voluntad del pueblo lo que las autoridades obedecen. Se demostró que el fin no justifica los medios. La seguridad de nuestro querido Estado es un bien que debe ser elegido por cada uno de los que aquí habitamos, cuidarnos los unos a los otros. Y por otra parte es condición para que haya inversión, productividad y fuentes de empleo. Seguridad sí, con justicia y paz social”, dijo.
Quienes viven en Yucatán demostraron que cuando algo desde el inicio es incorrecto, abusivo o inconstitucional tarde o temprano termina cayendo por su propio peso, recalcó.
El líder del PRD en el estado, diputado Alejandro Cuevas Mena, felicitó, antes que nada, a Manuel Bartlett por negar a que se cobrara este derecho en los recibos de la CFE.
“Es una muy buena noticia para los bolsillos de las yucatecas y los yucatecos”, dijo.
Sobre los motivos por los que votó a favor del impuesto, Cuevas Mena explicó que fue para no ser obstáculo a los planes del gobernador, sobre todo, después de que el año pasado dio la batalla y las perdió.
“Yo en lo particular, me siento contento que no se vaya a cobrar ese derecho, lo señalé a los funcionarios que veía muy complicado que la CFE se prestara para hacer este cobro”, afirmó.
Por su parte, para Mario Mex Albornoz, presidente de Morena, el anuncio fue consecuencia de la negativa de la CFE de aplicar ese impuesto.
“Realmente (los gobernadores) deben tomar medidas de austeridad republicana, como la reducción de los salarios de los funcionarios de alto nivel y la cancelación de viajes al extranjero y de sus gastos suntuarios excesivos”, señaló Mex en sus redes sociales.
A su vez, Francisco Rosas Villavicencio, representante del PT, expresó que es una buena noticia para todo el pueblo de Yucatán, pues la presión ejercida ante el intento de asalto del gobernador trae como resultado esta marcha atrás a tan burdo impuesto.
“Obviamente no es coincidencia que a tres días de su informe lleve a cabo esta acción; sin embargo, esto no acaba con su craso error de inventar nuevos cargos e impuestos, si bien el tema del “derecho por seguridad” era lo más evidente y burdo”, recalcó.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotos: Cortesía
