Por Carlos Hornelas
La pensión vitalicia de los expresidentes les permitía no volver a contratarse en empresa alguna y vivir prácticamente en un retiro de la vida política y empresarial.
La justificación de esta práctica era que siempre será preferible mantener al ex mandatario al margen de estos asuntos que empleado por una empresa a la que puede darle información privilegiada obtenida durante su gestión. Con lo cual, dicha compañía tendría una posición ventajosa sobre el resto. Y si fuera extranjera, eso pondría aún peor las cosas.
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados, según ha trascendido, propondrá una reforma para ampliar de uno a seis años el plazo mínimo para que un servidor público pueda ser contratado por una empresa privada del mismo sector, para evitar el llamado conflicto de intereses.
Me parece un tema digno de reflexionar por sus múltiples aristas. Para empezar, se parte de la premisa que, cuando una nueva administración llega, por necesidad hay una rotación de dirigencia, y hasta de personal. Se entiende que los recién llegados requieren aliados leales y confiables, no obstante, esta lectura de las cosas deja entrever una noción bastante maniquea del Estado.
Si se consiente lo anterior, se puede colegir que cualquier administración velará por la perpetuación de su propio interés, heredada de su partido político o de sus compromisos para llegar al puesto en cuestión. De esa manera, sin importar la calidad, los méritos o los talentos de las personas, simplemente se trata de un cambio de turno que finalmente no favorecerá a la sociedad sino a la camarilla en cuestión.
Esto, por otro lado deja entrever que no hay (y al parecer con esa desconfianza no habrá) servicio civil de carrera porque sin importar la formación de quienes se empleen para el Estado, su experiencia, su biografía institucional o sus méritos, tarde o temprano se irán. Por lo cual su lealtad se limitará al puesto que hoy les asegure sustento y hasta el momento en que lo puedan detentar.
Si uno de los principales problemas que enfrenta la 4T es el de la corrupción, no hagamos que trabajar para el Estado, que no es lo mismo que trabajar para el gobierno, sea un conflicto de interés entre lo que como funcionario debo hacer para el país y lo que me pide mi grupo de adscripción. Salgamos de ese falso dilema en que todo lo anterior era necesariamente malo y todo lo nuevo, por antonomasia es naturalmente bueno.
Apostemos en todo caso a la profesionalización y a la alta demanda ética de dichas ocupaciones para no desconfiar ni prohibir a futuro el legítimo derecho de antiguos funcionarios de trabajar donde sean requeridos.
No hay ocasión mayor de corrupción que saber que solo tengo el período actual como seguro y que al final del ciclo pudiera ser desempleado y sin posibilidades de desarrollarme en mi área de expertise. Antes bien, quedémonos con los que son profesionales, no por ser nuestros compadres sino porque el país los necesita,
Y en este renglón la crítica periodística debe corresponder a estos principios porque como escritores no nos debemos a ningún gobierno: ellos vienen y se van, nosotros seguimos arrastrando el lápiz. ¿Quién tendrá mayor conflicto de interés, un expresidente que tuvo acceso a información privilegiada y podría divulgarla, o un funcionario que al término de su gestión no podría emplearse en su sector por los próximos seis años?
