El tercer periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura inició con 22 violaciones a la Constitución Política, derivadas del incumplimiento de los legisladores de aprobar leyes, nombramientos y reglamentos dentro de los plazos establecidos. Así lo arroja el Violómetro Constitucional, herramienta del Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentada en septiembre de 2015, y que ofrece datos cronológicos y legislativos en tiempo real de las violaciones constitucionales en las que incurre el Congreso.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del violómetro, Roberto Duque, lamenta que hasta el momento dicha herramienta no haya encontrado respuesta por parte de los diputados y senadores.
“Tenemos en México la práctica por parte de nuestros legisladores de ignorar los plazos y términos que tienen para hacer su trabajo. Ya llevan dos periodos de sesiones y no se ha notado cambio alguno. Siguen con estos mismos actos”, destacó.
El artículo 128 constitucional estipula que “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Duque aseguró que si los encargados de hacer las leyes no cumplen con su facultad más elemental, que es el cumplimiento del Derecho, significa el inicio de toda una cascada de infracciones, que no tiene un castigo.
“La gran mayoría han hecho como que no existe y prefieren guardar silencio. [El senador panista] Javier Lozano lo que dijo fue: ‘Aquí lo que debemos procurar es no ponernos plazos’, mientras que [el senador priísta] Emilio Gamboa denunció que “en este Congreso se viola la ley todos los días”.
Los atrasos. Dentro de los 22 incumplimientos a la ley en las que actualmente está incurriendo el Congreso de la Unión se encuentran la ley general en materia de desaparición forzada, que tendría que haber sido aprobada antes del 6 de enero de este año, y la ley secundaria de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, cuya violación lleva un año con siete meses.
El Congreso tampoco ha designado a los contralores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que tendrían que haber sido nombrados desde el 12 de diciembre de 2013.
Dentro de las violaciones se encuentran además la aprobación de la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como la integración de su consejo general, y la
legislación federal de Competencia Económica, que debía ser aprobada desde el 6 de julio de 2015.
La infracción más añeja que registra el Violómetro es la ley de propaganda gubernamental, que reglamentaría el artículo 134 constitucional. Ésta tendría que haber sido aprobada hace más de ocho años.
Asimismo, se ha incumplido en el nombramiento del magistrado faltante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el Senado tendría que haber nombrado a más tardar en abril de 2015.
Pese a este atraso, la Cámara Alta se encuentra actualmente en proceso para elegir la nueva integración de magistrados de la Sala Superior.
“No es que dejen de violar la Constitución, porque finalmente, así sea de manera tardía o hayan cumplido con la norma, hay ocasiones en las que simplemente el tiempo ya se vino encima y cambian las circunstancias”, señala el también especialista en democracia y Derecho Constitucional.
Agrega que los legisladores han quebrantado su obligación constitucional de mantener debidamente integrados los órganos del Estado mexicano.
El reloj legislativo. La acción idílica de “detener el reloj legislativo” es práctica recurrente en el Congreso, cuando los diputados y senadores no consiguen ponerse de acuerdo para la aprobación de leyes, reglamentos y nombramientos.
“No existen prórrogas. Estamos ante una cuestión de la máxima gravedad, que es la violación directa de la Constitución y las leyes. Existe un plazo, por ejemplo, de expedir determinada le-
gislación el 30 de abril y ya es 1 de mayo: se violó la Constitución, punto”, explica Duque Roquero.
Van contra titulares de comisiones. A diferencia de otros países, en México no existe un mecanismo constitucional para penalizar esas omisiones. El reto de esta herramienta es contar con una mejor legislación, en la cual sí haya consecuencias en contra de los legisladores.
El Violómetro Constitucional tiene además ubicadas 39 violaciones que ocurrieron en el pasado, aunque no necesariamente son las únicas. Dichas infracciones también están publicadas en el sitio http://violometro.org/.
