Crónica de un ecocidio anunciado

Por Carmen Garay

La polémica de la granja porcícola en Homún ha tenido diferentes expresiones y fases: contaminará o no contaminará, pidieron permiso o no, estudiaron el impacto o no. Más recientemente, el cuestionamiento clave es si pese a todos los argumentos, la simple existencia y funcionamiento de una megagranja porcícola no fueron autorizados por la comunidad indígena de Homún. Pequeño gran detalle: si la población dijo no, pareciera que todos los demás argumentos salen sobrando pues la autodeterminación de los pueblos indígenas está consagrada en las leyes.

La rotundidad de negativa afloró ayer en el congreso del estado. Los diputados acordaron instalar un comité de vigilancia del funcionam… interrumpo ¡existe una disposición judicial de suspensión de la megagranja! Y hasta donde se ha sabido, la resolución final de la juez aún no se ha dado.

Nos queda muy claro que existe, aún, separación entre los poderes legislativo y judicial y, por tal razón, resulta extraño, por decir lo menos, la instalación de un, cito textualmente, “Comité de Vigilancia que supervise la operatividad de la Granja Papo (Producción Alimentaria Porcícola), ubicada cerca de esta comunidad, con el fin de que no exista contaminación al manto freático de Yucatán”. Vamos por partes ¿cómo van a vigilar la operatividad si es que la granja se llega a clausurar definitivamente? Aún no se sabe lo que la juez determine.

La comunidad de Homún -y todos quienes nos preocupamos de que pueda contaminarse el agua que tomamos-, esperamos con serenidad los resultados del análisis de peritos y expertos, así como la resolución judicial apegada a Derechos Humanos (el Derecho al agua es un Derecho Humano), opino que es un despropósito y resulta sospechosa la instalación de un Comité de Vigilancia si ya existe una llamada Comisión Especial Plural para el Seguimiento del Conflicto en el Municipio de Homún. ¿Acaso los legisladores tienen la certeza de que funcionará la granja, pase lo que pase? ¿Qué intereses están involucrados?

No debo dejar de mencionar que existen voces a favor de la granja, no creo que sean ingenuas, sin sentido del olfato -que no perciban el hedor por desechos- o sentido común. Son personas que seguramente tendrán beneficio económico de esa industria, quizás el ansiado trabajo para llevar comida a sus familias, en ese caso específico debe buscarse alternativa. Los mismos empresarios que apostaron por este proyecto, tal vez deberán trasladar su tecnología a otra parte, ese costo lo pagan ellos. En los ecocidios, no suele haber marcha atrás, en los ecocidios nunca hay marcha atrás. Que esto no sea una crónica anunciada de un desastre ambiental de proporciones incalculables. Ese costo, lo pagaríamos todos, hasta los nietos que aún no tengo.

Apostaría lo que fuera a que los pueblos originarios algo saben de cómo cuidar los recursos naturales, que llegan en perfectas condiciones hasta nuestro tiempo, después de siglos. Si los representantes de los cenotes han dicho no, por algo será, ojalá no haya manoseo político. Por otro lado, ojalá el motivo de la decisión que tomaron los legisladores no resulte tan turbio como el agua de un cenote contaminado.

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