¿CUÁL ES EL PUNTO?

ginder  Ginder Peraza Kumán

Fracaso que nos cuesta a todos

Cosas oscuras parecen esconderse detrás del sorpresivo anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de que el gobierno federal retiró definitivamente la concesión a la compañía Ferrocarriles Chiapas Mayab (FCCM), un consorcio del que los yucatecos saben poco o nada, a pesar de que los trenes que atraviesan –o atravesaban– nuestras ciudades y pueblos pertenecen precisamente a esa empresa.

De entrada, en el crítico y mañoso lenguaje oficial se dijo en ese anuncio que “por causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional, la SCT declaró el rescate de la concesión otorgada a favor” de ese consorcio. ¿Rescate? ¿Eso significa que la compañía estaba hundida, en quiebra o sin operar?

El punto es que, aunque seguramente nadie nos dará detalles, parece evidente que Ferrocarriles Chiapas Mayab no cumplía con un servicio, si no eficiente, al menos regular. Las declaraciones que acerca de este asunto hizo el líder del Sindicato de Ferrocarrileros de Yucatán, Ernesto Sonda Castro, evidencian o confirman que la empresa ya era inviable.

“Esa empresa nos abandonó en el 2007 y nos perjudicó mucho”, afirmó el dirigente, quien agregó que FCCM “sólo se dedicó a saquear lo poco que le dio el gobierno”. Aún más, Sonda Castro dijo que esa compañía nunca le dio mantenimiento a las vías, ni mejoró las locomotoras ni vagones, de manera que por su desidia los convoyes sólo avanzan actualmente a 10 kilómetros por hora, cuando hace unas décadas alcanzaban los 35 kph. ¿Y el gobierno federal nunca se dio cuenta, hasta ahora, de esa mala forma de proceder?

Pero esa deficiencia del servicio –que como mucho saben golpea fuertemente a las empresas de la Península, que deberían tener en el transporte ferroviario un impulso para progresar– no era desconocida para el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien hace casi dos años, al anunciar fuerte inversión federal para mejorar un poco el transporte por ferrocarril que llega a Yucatán, dijo que con ese gran gasto los trenes podrían avanzar a un poco más de 20 km/h. ¡Tremenda mejoría, digna de un país de tercer mundo!

La información que de inmediato generó el nuevo anuncio de la SCT hizo que por lo menos un medio de comunicación local recuerde que en lo que va de la actual administración estatal se ha conseguido que el gobierno federal gaste poco más de 1,500 millones de pesos en el rescate de las vías que usaba una empresa privada, cómo lo es FCCM. O sea, el dinero público, nuestro dinero, ha servido para enriquecer a un particular. ¿Puede usted creerlo?

La inversión en las vías férreas que corren por Yucatán había sido parte del discurso de la SCT para convencernos de que, contra lo que creemos muchos, el gobierno federal sí invierte en infraestructura que permita el progreso de nuestro estado. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2014 Ruiz Esparza anunció en Mérida (puede usted leerlo en www.sct.gob. mx/despliega-noticias/article/ anuncia-gerardo-ruiz-6-mil-mi-llones-de-pesos-para-rehabilitar- la-via-ferrea-chiapas-mayab/) una inversión de 6 mil millones de pesos para rehabilitar la vía férrea Chiapas-Mayab, gasto que se aplicaría a lo largo de seis años en 1,046 km de vías. Y si antes hemos comentado que a nuestra entidad le tocan migajas del total del presupuesto federal, ahora podemos decir que, además, esas migajas se reciben a cuentagotas.

Por cierto que en la citada reunión de 2014 en esta ciudad, en el Palacio de Gobierno, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, Pablo Suárez Coello, detalló la manera en que se rehabilitaría el tren y aseguró que “al finalizar esta administración federal, se triplicará la velocidad del tren, se duplicará el volumen de carga, se disminuirá la siniestralidad y se logrará un ahorro de combustible considerable, en beneficio del tren Chiapas-Mayab”. Puede usted estar seguro, sobre todo ahora que se anuncia el “rescate” de la concesión, que ninguno de esos objetivos se cumplirá.

En todo este despliegue de cifras y este circo de anuncios lo que más nos debería preocupar, e incluso causar enojo, es comprobar que el gobierno federal no tiene empacho en emprender acciones de rescate de empresas privadas gastando miles de millones de pesos que bien podrían invertirse en subsanar tantas carencias que la sociedad mexicana padece en rubros tan distintos como la salud, la educación y el transporte de todo tipo. Y ni hablar de las fortunas que se pierden en los laberintos de la corrupción.

Ahora, luego de que la empresa lleva años llenándose los bolsillos a costa del erario (Sonda Castro habla de un “abandono” desde 2007) se anuncia olímpicamente que se le quita la concesión sin más sanción y castigo. Y, por cierto, no se dice quién se encargará de operar ahora esa ruta ferroviaria que, con todas sus de ciencias, aún es útil a empresas importantes, como por ejemplo la CFE y sus plantas generadoras de electricidad.

En fin, nada que no haya pasado antes en este pobre México tan expoliado por sus gobernantes. Lo malo es que nada nos garantiza que esto no volverá a pasar.

Un diputado yucateco en apuros.– Vimos por televisión la entrevista que el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín concedió al reportero yucateco Carlos Loret de Mola en torno al caso de las casas derrumbadas que habían sido construidas, para beneficiar a damnificados de los ciclones Ingrid y Manuel, en la comunidad de “El Mirador”, en el estado de Guerrero. Su aparición en la TV se debió a que el legislador era titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando esta dependencia realizó esa obra, que tanto presumió y cacareó la administración federal.

No diremos que Ramírez Marín “hizo el oso” ante las cámaras de televisión, pero casi, y algunos dirán que quitemos el casi. Y es que al tratar de librarse de toda culpa argumentó que la caída de esas viviendas se debió “a que no se realizaron las obras de mitigación”, algo que pocos entendieron, aunque al parecer se refería a que el deslizamiento del suelo fue gradual, no inmediato o sorpresivo.

Cuando le preguntaron si asumía la responsabilidad de los dobles damnificados, el diputado trató de eludir la cuestión expresando que “tendríamos que revisar exactamente qué está pasando (…) hace 18 meses que no soy secretario de Sedatu”.

Aún más indeciso y confundido se vio cuando le soltaron: ¿Entonces responsabiliza a los secretarios Robles (su sucesora), Videgaray y Osorio Chong? Y entonces trato de evitar una acusación contra sus correligionarios de partido y compañeros de gobierno.

Si nos preguntan, a Ramírez Marín le fue mal en la entrevista y desde luego que eso perjudica su imagen con vistas a la carrera política por los puestos que estarán en disputa electoral en Yucatán en 2018. ¿Se recuperará? Tiene con qué hacerlo.

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