Se implementan lejos de los tratados internacionales, de derechos humanos personales y ambientales, aseguran investigadores del Cinvestav. “Sorprenden” a las autoridades, afirman
De acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental estratégica (EAE), desarrollada por investigadores del Cinvestav, el Gobierno federal no debió autorizar en Yucatán los proyectos eólicos y fotovoltaicos.
“Estos proyectos no debieron autorizarse porque la Semarnat no realizó la Evaluación Ambiental Estratégica, como ordena la ley, sin embargo, en 2016 éstos fueron autorizados bajo especulaciones técnicas y económicas a través de las llamadas subastas a largo plazo; se trata de 10 megaproyectos energéticos que pretenden ser emplazados en terreno yucateco, seguidos de otros 10 que tendrán las autorizaciones de las autoridades federales”, indicó, Rodrigo Patiño Díaz, investigador del Cinvestav-Mérida.
El investigador afirmó que estas autorizaciones son de carácter vertical, “las cuales sorprendieron a las autoridades estatales, que no están preparadas para defender los derechos de una población, en su mayoría indígena, poseedora de una gran riqueza cultural y ambiental, pero también con una alta vulnerabilidad en cuanto al cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos”.
El académico dijo que ante la falta de la EAE, los proyectos de energías alternativas se rigen bajo políticas públicas y legislaciones, “que si bien contemplan mecanismos de protección a los derechos humanos personales, colectivos y ambientales, en la práctica se implementan lejos de los tratados internacionales”.
Sin embargo, recalcó “que cualquier consulta indígena o Manifestación de Impacto Ambiental no tiene ningún sentido si se aplica fuera de tiempo, sin transparencia e inequidad en comunidades donde priva la miseria”.
Por lo anterior, se presentaron ayer los aspectos técnicos para elaborar la Evaluación Ambiental Estratégica, la cual se obtuvo como resultado de jornadas de trabajo que se realizaron entre enero y febrero de este año, en las que participaron representantes de los tres niveles de Gobierno, académicos y grupos organizados de la sociedad civil, así como representantes de las comunidades mayas.
Como resultado de esta evaluación, los investigadores insisten en la importancia de que el nuevo gobierno estatal aplique las herramientas de ordenamiento ecológico y territorial en el que estén involucrados los ciudadanos, en especial las comunidades mayas, tal como establecen los tratados internacionales.
Texto: Jorge Euán
Foto: Cortesía
