Por Óscar Rodríguez
A casi una semana de que se hiciera pública una demanda penal que pesa sobre Luis Felipe Conrado Och, secretario de organización del Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por el delito de violación, no ha pasado nada, pues ni las sugerencias de Mario Mex Albornoz, líder de ese partido, y de otros integrantes de esa fuerza política para que el acusado renuncie a su puesto han pesado para que ello ocurra.
Y es que mientras que en otras fuerzas políticas bastan denuncias en redes sociales virtuales o en organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para que el involucrado en casos de misoginia o violencia de género sea destituido de su cargo, en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasa nada, quizá lo acusen con su abuelita o le apliquen un contundente fuchi, guácala.
La sociedad yucateca está dividida, de eso no cabe la menor duda, prueba de ello fueron las dos movilizaciones que se generaron en Mérida; una para defender el derecho a la vida, la otra para defender los derechos humanos.
Ambas movilizaciones ya fueron ampliamente comentadas en diferentes espacios periodísticos e informativos, pues mientras que por un lado grupos religiosos anteponen creencias para basar su discurso de no a la interrupción del embarazo, los grupos pro derechos humanos empujan la conquista de este derecho, pero pisan otros.
Si bien, las pintas que realizaron a un monumento histórico son el menor de los daños, su postura de realizar marchas “separatistas” ha generado cuestionamientos sobre cómo el fin justifica los medios.
Explico, los grupos pro aborto justifican la intensidad de sus protestas con el derecho que por el hecho de ser mujeres tienen, con base a criterios de organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, su postura de no permitir que una persona del sexo opuesto se acerque viola de manera evidente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley máxima que rige a todos los que nacimos en este país.
La Carta Magna consagra los derechos al libre tránsito, a la libertad de expresión y al trabajo, los cuales son violentados por los grupos que repudian la presencia varones en sus movilizaciones que son en espacios públicos.
En resumen, no puedes pedir un derecho violentado el otro, eso aquí y en China se llama intolerancia y represión.
El remate. La elección de ciudadanos para integrar puestos honorarios en el Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de un integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, evidenció la falta de acuerdos en el Congreso del Estado.
Según cuentan, algunos legisladores habían realizado acuerdos para la repartición de espacios en esos organismos ciudadanos, sin embargo, un intento de agandalle de Partido Acción Nacional (PAN) prendió los focos rojos en el Revolucionario Institucional (PRI), lo que generó una votación atípica en este tipo de elecciones.
Al final, los gallos del PAN ganaron en el caso de los integrantes del consultivo del Inaip, pero en la última elección los priistas apretaron la tuerca y lograron que el dictamen se regresara a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, ya que en la votación ninguno alcanzó 13 votos o más a favor, como lo exige la ley.
La cosa no paró ahí pues el miércoles los priistas no acudieron a sesionar a la Comisión Permanente del Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, donde se discutiría una iniciativa del Gobierno del Estado para autorizar al Ejecutivo estatal y los 106 municipios a contraer deudas para realizar obra pública.
