En días pasados el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) compartió los nombres del Comité de Expertos Ciudadanos, encargados de seleccionar las preguntas que serán planteadas en los debates entre los candidatos a la gubernatura del Estado de Yucatán. Entre grupos defensores de derechos humanos, se cuestiona de manera directa la participación de la Red Pro Yucatán, que se ha centrado en restringir, desconocer y anular derechos reconocidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que entra en contradicción directa con la misión del Iepac, la cuál es: “Contribuir al desarrollo de la vida democrática” y “salvaguardar valores fundamentales de la democracia como la libertad y la pluralidad”.
No es de esperarse que aún en grupos más liberales se cuestione el pronunciamiento que firmamos diversos integrantes de la sociedad civil en Yucatán en protesta al Iepac por haber incluido al grupo anti-derechos y antidemocrático Red Pro Yucatán, promotor de la discriminación contra la población LGBT, el principal cuestionamiento –muy válido– es que todas las voces, estén de acuerdo o no, podrían tener espacios en este tipo de ejercicios democráticos.
Sin embargo, es imperativo que todos tengamos en mente que los derechos de la comunidad LGBT, por la naturaleza de ser derechos humanos, no pueden ser cuestionados, puestos a consulta y evidentemente no pueden tampoco ser restringidos ni anulados, pues no sólo es algo anti-ético, sino que es anticonstitucional. En el Artículo 35, de nuestra Constitución establece de manera clara que: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. El Estado, por obligaciones generales internacionales, está demandado a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, en este caso en particular, de las poblaciones LGBTTTI, los cuales no están sujetos a revisión acerca de su reconocimiento.
Es posible pensar que también el rechazo de grupos como la Red Pro Yucatán es un ataque a la libertad de expresión (que también es un derecho humano), pero la Declaración Internacional de Derechos Humanos sostiene de manera clara en el Artículo 30, que dice: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
La integración de la Red Pro Yucatán en ejercicios democráticos es un rechazo a la pluralidad y a la igualdad de derechos para todas las personas, por lo que son incompatibles con el espíritu de la democracia. La democracia y los derechos humanos van a seguir teniendo una relación compleja si permitimos que se sigan sumando a la balanza sobre grupos que las ponen en contradicción.
En tiempos electorales, la “política del miedo” juega un papel preponderante y ha sido tan exitosa que gana elecciones, divide ciudadanos y busca generar un miedo injustificado hacia el avance de derechos.
En el espíritu de democracia, las organizaciones y asociaciones civiles tienen que organizar todo el aparato gubernamental para poder efectuar campañas públicas y mecanismos de difusión para informar a la población sobre sus derechos, así como una serie de políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y reparar los daños. Los derechos humanos son parte esencial de todo régimen democrático.
Por Silvia Carrillo Jiménez*
silvia.carrillojimenez@gmail.com
* Asesora del Departamento de Fomento Turístico de Valladolid y maestra en Desarrollo Sustentable y Turismo.
