PARA ACLARAR LAS DIFERENCIAS MARCADAS ENTRE LOS RECURSOS asignados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los diputados de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal acordaron elaborar un calendario de los temas específicos, pues detectaron que algunos rubros no tienen congruencia, mientras que en otros aparentemente el aumento no está justificado.
–Sigo sin encontrar el presupuesto asignado al Sistema Estatal Anticorrupción, pero advierto que hay aumentos en la FGE y la Contraloría del Estado, quizás allí esté el dinero para el combate a la corrupción, pero nos lo tienen qué explicar –dijo el diputado Raúl Paz Alonzo, durante los trabajos de ayer.
Junto a Elías Lixa, Paz Alonzo calificó como una desproporción en los números presentados en el cuadro comparativo, donde al Iepac se asigna un aumento de más del 68 por ciento mientras al Poder Judicial de sólo el 4 por ciento, cuando ambos tendrá una carga de trabajo por el proceso electoral del 2018.
Sin embargo, repararon en que la Secretaría del Trabajo tendría un incremento presupuestal de más del 7 por ciento, cuando esta dependencia dejará de tener a su cargo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que pasarán al Poder Judicial, o el caso de la Junta de Electrificación que se le considera un aumento del más del 200 por ciento.
–Algo hay extraño y todavía queremos más explicaciones –señaló Lixa.
Otro caso es que al IVEY, que coadyuva con uno de los factores para el combate a la pobreza, se le disminuye en casi un 20 por ciento su presupuesto, a la Secretaría de Fomento Económico también sufriría una disminución de recursos de más del 20 por ciento o el caso del Instituto de Educación para los Adultos sufriría una baja de casi el 10 por ciento, entre muchos otros.
–En el caso de la Fiscalía General del Estado tendría un aumento de casi el 15 por ciento, sin especificar si estos recursos incluyen la creación de más infraestructura con la aprobación de la Vicefiscalía Anticorrupción y del Comité Ciudadano, aunque en contraste ya no tendría bajo su regulación y operación de las empresas de vigilancia, facultad que pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública –señaló Paz Alonzo.
En respuesta, la diputada Celia Rivas Rodríguez pidió que se tomará en cuentas las reformas que el propio Congreso ha aprobado, donde se han creado nuevas instancias que ameritan recursos.
Texto y fotos: Esteban Cruz
