Carlos Hornelas
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De acuerdo con el más reciente informe de ARTICLE 19 titulado “Distorsión: el discurso contra la realidad” (https://articulo19.org/distorsion/ ), en el último año se han acumulado 692 agresiones en contra de los medios de comunicación en México, un incrememto del 13.6% con relación a 2019. De dicho total, persiste el 98% de impunidad. De hecho, desde el arribo de la administración de López Obrador, 17 periodistas han sido asesinados presumiblemente con motivo de su actividad laboral. El estudio también indica que muchas de las agresiones provienen de entes estatales.
El informe no desestima que desde el poder se estigmatiza a ciertos medios de comunicación que coinciden en ser críticos de las políticas públicas. En sus conferencias mañaneras, el presidente ha calificado el desempeño informativo de diversos medios de comunicación, como Reforma, El Universal, Proceso y a nombre personal a los periodistas Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola Raymundo Riva Palacio.
En lo que se refiere a la adquisición de espacios publicitarios para la comunicación pública, se señala que, solamente diez empresas de comunicación han recibido el 54% de todos los recursos destinados a la publicidad oficial, con lo cual se advierte una concentración del presupuesto asignado en unas cuantas manos. Las características de dicha actividad están normadas por el artículo 134 constitucional y existe una Ley Reglamentaria al respecto que, con los datos presentados por el estudio, quedaría reducida a la discrecionalidad del gobernante.
Ante solicitudes de transparencia requeridas en 329 distintas ocasiones a la oficina de presidencia, a fin de corroborar la existencia de los “otros datos” que el presidente habría sostenido tener en su poder, y que, en el marco legal vigente está obligado a documentar, como acto de autoridad durante su administración, las respuestas obtenidas fueron de “incompetencia” en todos los casos, con lo cual se imposibilita o se obstaculiza el derecho a la información.
En enero de 2021 durante una conferencia mañanera, AMLO habría manifestado su intención por desaparecer el INAI, el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que sirve como garante a quienes solicitan información a cualquier órgano del Estado. EL INAI actúa como abogado o representante del interesado en obtener información pública que le ha sido negada, aplazada o retenida por órganos del Estado, a quienes se denomina “sujetos obligados”. Este Instituto puede apremiar a los órganos estatales para que se otorgue al solicitante la información pública en su poder, siempre y cuando no involucre la seguridad nacional. Su desaparición anularía tanto el derecho a la información pública, como el derecho de petición, consagrados en el marco constitucional.
Asimismo, se ha insistido en tratar de regular la operación de las plataformas de redes sociales virtuales, a través de la iniciativa presentada por MORENA, en particular por el senador Ricardo Monreal. Esto ocurre de cara a la proximidad de las elecciones en junio de este año, para la renovación de la totalidad de la cámara de Diputados, así como del poder ejecutivo en 15 estados de la república y con algunos semáforos en naranja, por la pandemia, que aconseja el distanciamiento social, en tanto no se haya concluido el proceso de vacunación de los sectores vulnerables de la población. Las otrora benditas redes ahora son objeto de análisis por “difundir noticias falsas” o tener un comportamiento “sospechoso”.
