Por Carol Santana
Una de las cosas que más me sorprende del 2019 es que sigamos defendiendo que México es un estado laico cuando claramente no lo es.
La separación de la iglesia y el estado es una de las cosas que más se han empeñado a enseñarnos (y a respetar) en la escuela, y una de las que más nos hace sentirnos orgullosos.
Sin embargo, y a pesar de que hemos puesto a Benito Juárez en un billete de $500.-, el respeto al derecho ajeno difícilmente se ha logrado y más cuando esos “ajenos” son minorías a las cuales se les siguen negando sus derechos humanos y legales por creencias religiosas.
Sé que es muy difícil olvidar o replantearnos creencias muy arraigadas y más cuando estas están soportadas por nuestra familia, amigos, educación o los medios.
Es difícil pero no tanto como tener que buscar métodos de supervivencia ante la discriminación y el odio que las personas LGBTQ+ viven en su vida diaria.
Si bien no existe una carrera por ver qué minoría sufre más discriminación que otra, la realidad es que parece una burla que en Yucatán se obligue a buscar amparos en vez de aprobar el matrimonio igualitario.
Hace unos días la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama dijo que escucharía a todas las voces para que el Congreso tome la decisión. Y ese es el problema, no se trata de lo que todas las voces quieran, se trata de escuchar a las voces que necesitan que el matrimonio igualitario sea una opción más -las cuáles por cierto han de ser más del uno por ciento-.
No podemos seguir dándole oportunidad y plataformas a individuos que no comparten ni viven experiencias que otras minorías o grupos vulnerables.
No se trata de “darles voz” porque ya la tienen; se trata de hacernos a un lado y dejarlos contar sus historias y necesidades. Se trata de usar nuestras plataformas como aliados ante aquellos que siguen creyendo que sus voces y opiniones son más importantes que las de los afectados -en este caso todas las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+-.
Es muy ridículo que en casi 2020 les sigamos preguntando a la gente incorrecta sobre lo que opina del tema, cuando deberíamos presionarlos para que cumplan la función por la cual fueron elegidos: las de velar por los intereses de todos los ciudadanos.
Y no se vale decir que la unión igualitaria afecta a los demás ciudadanos porque no es así.
Nada ofende más al Estado mexicano que dejar que las opiniones y creencias de otros y sobre todo de la iglesia intervengan en la formación de nuestro país como un lugar libre de odio para todos y todas.
