Después de escuchar la palabra “guerra” durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y tras el silencio que predominó en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país fue un rayo de esperanza, aunque la tierra prometida está muy lejos de serlo y el camino para revertir la violencia en México que ha planteado el próximo gobierno genera dudas entre algunos especialistas.
A menos de una semana de que arrancaron los foros de pacificación convocados por el presidente electo y su equipo, familiares de víctimas de la violencia en México rechazaron otorgar perdón –como pide Andrés Manuel López Obrador– cuando no se sabe qué sucedió y tampoco hay castigo a los responsables. “Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”, gritaron las víctimas en Chihuahua al presidente electo y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. López Obrador respondió que olvido no, perdón sí.
Para Jacobo Dayán, investigador del Colegio de México (Colmex), “el gesto de escuchar al país es positivo, pero están desaprovechando la oportunidad para una vez que se hace este ejercicio hacerlo de manera más ordenada. Se están acercando sin ninguna propuesta en la mesa”.
Aunque Dayán reconoce que hay una postura distinta de los últimos gobiernos y que en los últimos años los presidentes electos no tenían un plan antes de comenzar a gobernar, considera que López Obrador y su equipo arrancaron sin estar listos, pues en los acercamientos con víctimas de la violencia debieron haber llegado con un mínimo de diagnósticos locales. “Se les dijo, a ver ahí están los diagnósticos que han hecho los colectivos de víctimas, las ONG (organizaciones no gubernamentales), llegan a los lugares sabiendo las problemáticas locales, las dinámicas locales”.
Para Jacobo Dayán, los diálogos con las víctimas tienen que ver con temas de justicia, de reparación a víctimas, de búsqueda de personas desaparecidas, impunidad y corrupción, por lo que “hay una perversión en que estos diálogos los lleve a cabo la Secretaría de Seguridad Pública”, ya que tendría que hacerlo la Secretaría de Gobernación, pues es un asunto de gobernanza, de viabilidad de país. “No se dan cuenta que la Policía Federal es responsable de buena parte de las desapariciones. El diálogo con víctimas no es un tema de policías”, dijo.
Con más de 230 mil homicidios en los dos últimos sexenios y más de 36 mil personas desaparecidas en los últimos 12 años, el nuevo gobierno plantea una ruta distinta a la fallida estrategia de seguridad, un camino que contempla el retiro eventual de los militares en las tareas de seguridad pública, la despenalización de la marihuana e incluso la amapola y un proceso de justicia transicional que incluye amnistías, el tema que más generó polémica durante la campaña.
“Morena busca alternativas a los modelos fallidos, busca una amnistía a esos millones que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades –que todo mexicano debería tener– en un estado de derecho que proteja, respete y garantice los derechos humanos”, escribió en Milenio la secretaria de Gobernación propuesta, Olga Sánchez Cordero.
La propuesta de amnistía del gobierno se centra en grupos vulnerables y en “delitos relacionados al narcotráfico en los que NO medie violencia, tales como la siembra, el cultivo, la producción, el transporte dentro del territorio nacional y el consumo de estupefacientes y psicotrópicos”, según explicó en Nexos, Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Consejo para la Paz de la Secretaría de Seguridad, propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
Para Jacobo Dayán, “aventar” las amnistías por delante es un error. “Lo que estás poniendo en la mesa es algo delicado, y por lo general llegan después de que ya hay procesos de memoria y de verdad y de justicia. Tienes un montón de crímenes que se han cometido en México que no están esclarecidos, que no quedan claras las responsabilidades y lo que dices es ‘vamos a empezar con las amnistías’. No, pues empecemos con los procesos judiciales, empecemos por entender los patrones de violencia y una vez que tengamos perfectamente identificado eso entonces definamos como sociedad qué sigue”, dice en entrevista.
El académico cree que es correcto hacerse cargo de injusticias, como las mujeres que están en la cárcel por transportar droga, campesinos, jóvenes que fueron cooptados por el crimen organizado, como lo ha planteado el próximo gobierno, solo que se pregunta “¿por qué empezar con amnistías?”. “Entiendo la lógica del gobierno de ‘yo necesito empezar a pacificar’ y necesito no perseguir judicialmente a ciertos sectores. Eso lo entiendo. En lo que no veo el motivo es por qué hacerlo a través de la amnistía. Es decir, si despenalizan la siembra de amapola, que está a discusión, pues a todos los campesinos que siembran amapola no hay que darles amnistía, simplemente ya no es un crimen y los que estén en la cárcel salen y los que no ya no los persiguen. Si se legaliza toda la marihuana, quien esté en la cárcel por eso saldrá”.
Aunque el académico del Colmex cree que la razón podría ser despresurizar el sistema carcelario y hacer justicia, una de las cosas que más le preocupa es que no se puede hacer amnistías con los niveles de violencia que hay. “Un campesino que se apegue a la amnistía en Guerrero. Para pegarte a la amnistía vas a tener que dar testimonio, contar, es amnistía a cambio de verdad por lo regular. Vas a decir quién te compraba, quién te obligó, si viste que mataban gente en dónde está enterrada, quién le garantiza a ese señor que no lo maten al otro día”.
Jacobo Dayán cuenta vía telefónica que cuando en reuniones con sociedad civil comentaron esto con el equipo de transición, ellos respondieron que una de las opciones era trasladar a otros estados a las personas que se apegaban a la amnistía. Su respuesta es contundente: “Están locos, va a perder su tierra, va a perder su arraigo, a cambio de qué (…) puedes hablar de amnistía cuando reduces niveles de violencia, cuando ya hay procesos judiciales arrancados y ellos creen que con las amnistías arrancan los procesos de pacificación, a mí me parece que de ninguna manera. Es más, yo creo que nadie se va a pegar a eso. El campesino no va a tener otra alternativa igual”.
Durante la visita de Olga Sánchez Cordero al Colmex a mediados de julio, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta, criticó la propuesta del nuevo gobierno: “El acceso a la justicia es el gran faltante en el México de hoy y la propuesta del equipo de transición aún no parece darle importancia al colapso de las instituciones encargadas de procurarla”.
Texto: José Beltrán
Fotos: Agencias
