Duelo inútil

Por Carlos Hornelas

En el estado de Veracruz, donde gobierna actualmente Cuitláhuac García Jiménez, de extracción morenista, la oposición panista ha dado a conocer su intención de promover la desaparición de poderes con motivo de la crisis de inseguridad que repercute directamente en la gobernabilidad de la entidad.

De ser así, de aceptarse por parte del Senado de la República, y en caso de que se aprobara después de un proceso, se tendría que nombrar a un Gobernador provisional que saldría de una terna que presentaría el presidente de la República. El Gobernador provisional tendría la obligación de convocar a elecciones en un período no mayor a seis meses.

Sin embargo, a partir de la causa anteriormente expuesta, se ha abierto la puerta para que los legisladores de Morena utilicen argumentos similares para pedir exactamente lo mismo, es decir, la desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas y Guanajuato, donde gobiernan Francisco Javier Cabeza de Vaca y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de extracción panista.

Si se siguiera con este argumento y esta misma tendencia los próximos en la lista serian los Estados de Baja California y Guerrero que actualmente ocupan el segundo y tercer lugares de mayor incidencia delincuencial de acuerdo con las cifras del llamado Semáforo Delictivo dadas a conocer esta misma semana.

En todo caso se hablaría de tratar de resolver un problema que requiere de la coordinación institucional a todos los niveles, municipal, estatal y federal a partir de la remoción de quienes ocupan la titularidad del poder ejecutivo, con lo cual difícilmente se puede pensar que una vez sustituidos la situación cambiaría automáticamente.

Eso sin menoscabo de los derechos de los votantes quienes habrían depositado su confianza en las autoridades electas. Más aún, esto podría volverse el camino o receta mediante el cual la coalición entre Congresos locales y Senado pudieran remover con cierta facilidad a los poderes y socavar las reglas del proceso democrático.

Si la posibilidad de hacerlo se encuentra en la Constitución, está reservada como medida última para tratar de resolver las complejidades de un estado cuasi fallido y no debería representar un ariete en favor de camarillas que lo único que muestran es su incapacidad por servir de contrapeso al ejecutivo, su desprecio al ciudadano votante, su ineptitud para crear alternativas desde su púlpito y su desdén por las instituciones de Derecho.

Hoy más que nunca es necesario reforzar los valores de la convivencia ciudadana para que las instituciones que pueden generar un equilibrio representen un freno a la sinrazón de la politiquería que lejos de aplicarse en beneficio del bien general están apostando sobre la resistencia del tinglado que sostiene estos juegos de poder.

En este estado de cosas nadie puede eventualmente salir ganando. Si se aplicara la medida en los tres estados, tarde o temprano cabría la sospecha sobre si el resultado de este episodio podría ser legítimo, certero o justo. Dejemos que los tiradores entren en razón y no desenfunden ante cualquier provocación.

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