El buen juez

Por Carlos Hornelas

En días pasados, el ministro de la Suprema Corte de la Nación, Alberto Pérez Dayán, ordenó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, del 6 de noviembre de 2018, que en su artículo 6 Fracción I establece que “Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.” Cuestión que ya había sido integrada al artículo 127 Constitucional en su fracción II en enero del 2016.

Es necesario recalcar que la mentada Ley se refiere a los servidores públicos y no al público en general como los programas de noticias de algunas televisoras como Televisa se han encargado de difundir cuando han regado la especie de que “nadie podrá ganar más que el presidente”, creando una animadversión de origen en su tarea informativa.

El episodio y conflicto abierto por López Obrador adquirirá matices de mayor interés y envergadura en los próximos días por una serie de variables que se suman a la tormenta perfecta como el hecho de que el período del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por terminar y habrá que elegir uno nuevo; asimismo, José Ramón Cossío deja una vacante que AMLO aprovechará, para, conforme a la normatividad actual, presentar una terna al Senado.

Por otra parte, en su reforma de 1994, con el gobierno del presidente Zedillo, se modificó el artículo 94 Constitucional se estableció que los sueldos de la Corte no podrán ser disminuidos y tendrán derecho a una pensión vitalicia, la Constitución les prohíbe trabajar en los dos años posteriores a su salida, sin embargo, podrían adicionalmente a cobrar su pensión, seguir litigando. Además de la pensión, los ministros retirados cuentan con chofer, seguro de gastos médicos mayores, una suma mensual en comidas y dos asistentes a cargo del erario.

Para darle mayor independencia al poder Judicial, se reformó, en el período zedillista, el artículo 100 constitucional que le dio la facultad de elaborar su propio presupuesto para incluirse tal cual en el presupuesto de egresos de la Federación.

Por cierto, el 14 de diciembre el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar presentará su último informe del cargo que deja y AMLO confirmó su asistencia a la lectura correspondiente, mientras que el 15 de diciembre se deberá integrar dicho presupuesto para continuar con su trámite en la Cámara de Diputados para el año próximo.

Si por la progresividad de los derechos laborales adquiridos y la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, no pudiera entrar en vigor la ley, los supuestos recursos que podrían destinarse a otros aspectos, quedarían en los mismos lugares. Entonces, ¿cuál es el fin para llevar este movimiento?, ¿habida cuenta que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez es ex ministra de la Corte, le habrá advertido sobre este posible resultado?

 

 

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