El CCE convoca a acuerdo nacional con trabajadores para enfrentar crisis por COVID-19

Ante la negativa del Gobierno Federal de tomar en cuenta el plan de acción del sector privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, convocó a todos los organismos, cámaras y asociaciones del sector productivo a hacer un Acuerdo Nacional junto con los trabajadores para enfrentar la crisis causada por el COVID-19.

El líder empresarial señaló que sin un programa de rescate gubernamental, el panorama sería tener un decrecimiento de entre 7% y 10%; entre 800 mil a 1 millón de desempleados; un tipo de cambio de 25 pesos por dólar y una inflación de entre 6% a 10%. En cambio refirió que de haberse aceptado, la cifras de caída económica serían de -2.5%; una paridad peso dólar de entre 21 a 22 pesos por divisa; y entre 300 mil a 400 mil desempleados.

Salazar Lomelín afirmó que ellos presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador un plan de acción a 90 días, el cual no quiso tomar en cuenta y que consistió en: proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata, y evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se convierta en una de solvencia.

Además, dijo que sin el gobierno se busca la solidaridad de los empresarios para actuar en torno a 5 medidas concretas para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes):

Organizar una estructura para que empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pagos a menos de 30 días; lanzamiento de la campaña “adopta una mipyme”, para quienes tengan capacidad de ayudar a los más pequeños con recursos o apoyos salariales.

Asimismo realizar pedidos a entregarse después de la crisis, en un esquema de compras adelantadas; generar una plataforma para factoraje en el que de forma ágil y sencilla se apoye a las mipymes con apoyo de instituciones financieras.

Y finalmente, buscan la no penalización, es decir, evitarán un periodo de penalizaciones contractuales entre particulares.

En videoconferencia con líderes de organizaciones de diversos sectores productivos, Salazar Lomelín afirmó que está claro que si la economía se frena, también se pausarán los cobros en el sector privado, del gobierno y no se contará con recursos para continuar programas sociales actuales.
Por ello, destacó que seguirán insistiendo en que se concrete un mecanismo de implementación para que el sector privado, la sociedad, el gobierno y los sindicatos tengan un convenio, y que este se convierta en un Consejo Económico Permanente.

Explicó que para evitar una crisis más profunda era necesario que el gobierno diera créditos mensuales de 25 mil pesos, que tendrían un costo de 75 mil millones de pesos para una cobertura de 3 millones de personas, cuyo único requisito iba a ser que se formalizara el beneficiario.

También indicó que se planteó “utilizar la caja actual del sector público y cambiar concepto de deuda neta por deuda bruta. Esto libera 425 mil millones de pesos; uso de fondos de estabilización por un total de 243 mil millones de pesos”.

Además de postergar el objetivo de finanzas públicas del 2020, a fin de incrementar el endeudamiento 4% del PIB, con lo que se podría hacer frente a los gastos de salud, compensar caídas de ingresos y sentar las bases de la recuperación.

De igual forma se propuso sustituir importaciones, sobre todo en los sectores ligados al comercio exterior; tener un programa de infraestructura con fondos públicos y privados; dar una definición y anuncio inmediato de los proyectos de inversión privada en infraestructura energética y permitir la depreciación acelerada de nuevas inversiones.

Texto y fotos: Agencia

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