EL EDITORIAL

Después de la noticia que fue la cancelación del llamado impuesto a la seguridad, todo el mundo creyó que el asunto había terminado, que ya no se hablaría más del tema, que todo quedaría como un mal trago para los yucatecos y como un malestar para el Gobierno del Estado.

Sin embargo, el Diario Oficial del Estado de Yucatán nos demostró que aún tendremos más de este asunto en los próximos meses, ya que el gobernador firmó un decreto mediante el cual se cancela este cobro, pero sólo para el 2020, cuando la vigencia de la iniciativa es de 5 años y finaliza en el 2024, lo que deja abierta la puerta a que este tema sea retomado para el próximo paquete fiscal.

De esto surgen algunas dudas que es posible que se resuelvan en los próximos días: ¿estará analizando la administración estatal otra manera para realizar este cobro durante el 2021 o será una simple complicación técnica que luego será resuelta con otro decreto?

Sabemos que la cancelación no se debió a un deseo expreso del Gobierno del Estado, sino que fue una consecuencia debido a la negativa de la CFE a realizar este cobro, por lo que muchos yucatecos están sospechando que en el próximo presupuesto resuciten este gravamen.

Sólo el tiempo dirá cuáles son las intenciones de las autoridades, pero lo que sí es seguro es que hasta hoy el impuesto a la seguridad sigue con puntos suspensivos.

 

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