El editorial

Producto de su última visita a la entidad ―ya anunciada la intención del Presidente de que venía a desatar cualquier nudo que impidiese el avance del Tren Maya― las consultas a los pueblos indígenas en lo que refiere a este proyecto se realizarán, informó el reportero Esteban Cruz Obando, entre finales de noviembre y mediados de diciembre.

Antes de la votación, no obstante, se llevarán a cabo asambleas consultivas que, se esperaría, permitirán una discusión profunda, en la cual se preponderen los auténticos intereses de estas comunidades, a diferencia de lo que ocurre, denuncian, con instalaciones de energías alternativas.

De esta forma, de cara a estos procesos, ¿habría diferencia entre estas consultas y las anteriores apócrifas que se realizaron con otros proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación de la construcción de Texcoco?

Pensamos que no.

Por ello, sería interesante explorar la posibilidad de permitir la presencia de observadores de las ONG de distintos perfiles e incluso del INE quienes, aunque no podrán organizar ni intervenir de manera alguna dada la premura de tiempo, sí pudieran dar fe de la legalidad de este proceso y el conteo de votos.

Es esencial legitimar las consultas, hacerlas ciudadanas y más transparentes para no carecer de legitimidad.

Por otro lado, otro criterio que no puede dejarse de lado es el ecológico. Si se recuerda, no pocas han sido las advertencias de la comunidad científica nacional en torno a las graves consecuencias que el Tren Maya puede generar.

Tal y como se presenta la crisis climática en el planeta, la consulta seguramente debió empezar por allí, pero tal parece que la Cuarta Transformación ni siquiera tiene tiempo para considerar catástrofes ecológicas.

Hacemos votos porque esa conciencia la generen los pueblos indígenas, quienes, asegura el Presidente, tienen la última palabra.

Ojalá él también la cumpla.

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