Por Carlos Hornelas
Durante su campaña electoral, en la última para ser precisos, López Obrador solía decir en los mítines que, si otros partidos les ofrecían mochilas, tortas o refrescos, los tomaran porque, en última instancia, el pueblo los había pagado ya, a través de sus impuestos. Cosa que, por demás es completamente cierta.
En esta última elección vimos que mucha gente que era acarreada en los actos multitudinarios solamente se cambiaba de cachucha y se subía al mismo camión para ir al siguiente acto con otro candidato. Para muchos, las elecciones son épocas de bonanza, sobre todo para quienes no tienen nada porque les aseguran días en los cuales su sustento está garantizado, así como la colección de artículos que regalan los partidos políticos.
En muchos casos, el sentimiento cuando reciben dichos artículos es de una resignación a conformarse con estas pocas sobras del botín que se obtiene a costa de ellos. Finalmente, el Estado les ha fallado y en lugar de proporcionarles las oportunidades y allanar el camino para poder salir adelante, les ha dejado a merced de quienes administran clientelarmente su miseria.
El huachicol, como el narcotráfico, ha probado tener una base social cuyos tentáculos diversificados impiden erradicarlo de tajo. No se trata de una cuestión exclusivamente económica. En este sentido, si el plan de la presidencia es aumentar la cantidad de beneficiarios de programas sociales en aquellas comunidades en las cuales se localiza la mayor parte de la ordeña clandestina de gasolina, con el fin de inhibirla o erradicarla, lo más seguro es que no funcione.
Es cierto que se debe empezar por algo, no obstante, el reparto de ayuda económica como factor disuasivo es también ignorar, evadir o claudicar del resto de responsabilidades que el Estado tiene para con esa gente y para con mucha más en el resto del país. Había que acompañar a dicha iniciativa con una serie de acciones integrales, como el mejoramiento de escuelas, hospitales o seguridad.
La lucha contra el huachicol suena un tanto abstracta, es como la lucha contra el terrorismo o la batalla contra el hambre. Hasta que no se tenga un enemigo visible y se aplique el peso de la ley, mandando con ello un mensaje de cero impunidad, las medidas “disuasivas” quedarán diluidas.
Con los responsables en manos de la justicia, que por cierto fue una de sus promesas de campaña, quiero decir de la última, muchas personas podrán ver sentido en las incomodidades que les causa el desabasto, en el significado de la tragedia de Tlahuelilpan y hasta esperanzarse en que el Estado de Derecho se imponga.
Ante una aprobación abrumadora en su lucha, éste es el momento en el cual el presidente, con su amplio capital político, se puede dar el lujo de realizar este tipo de medidas que pueden resultar impopulares en el corto plazo, pero reafirmadoras de su discurso político.
