Carlos Hornelas
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Con asombro se recibió la noticia de la captura en suelo norteamericano del general Salvador Cienfuegos, otrora responsable del ejército en el mandato de Enrique Peña Nieto. Acusado de lavado de dinero y del transporte de droga a Estados Unidos, ha sido presentado ante el juez para conocer de las imputaciones que se hacen en su contra.
Entre lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación, quienes hacen eco de la información que ha dado a conocer el departamento de Justicia de Estados Unidos, se advierte que pudo haber estado involucrado como protector de Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2, quien habría formado parte de la organización criminal de los Beltrán Leyva.
Sea como resulte, en todo caso es necesario parar un momento y reflexionar acerca del papel otorgado al ejército en nuestro país. En un primer momento, como se ha dicho hasta el cansancio, el expresidente Calderón habría sacado de sus cuarteles a las tropas para combatir en lo que él llamó la “guerra contra el narcotráfico”, cuyo triste saldo se conoce y cuyo resultado finalmente no logró su cometido.
Durante el sexenio anterior, penosamente, la corporación habría estado involucrada en ejecuciones extrajudiciales como el caso de Tlatlaya, o en la desaparición de personas que serían puestas a disposición de la autoridad, como se dice que sucedió en Ayotzinapa, de acuerdo con las diferentes versiones que existen sobre el particular. Todavía al final de ese período en las diversas encuestas sobre el tema, la población en general deposita en esta noble institución su confianza otorgándole el primer lugar por encima de cualquier otra.
Con la llegada de la 4T se le han asignado nuevas responsabilidades que rebasan el ámbito de la seguridad pública como la edificación de las obras emblemáticas que se pretenden terminar antes de entregar el poder: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto internacional de la ciudad de México, el tren Maya o el canal transístmico, ya sea como constructor o como contratista.
Nadie duda de la solidaridad y entrega de los militares cuando arriesgan la vida propia en cumplimiento del deber para ayudar a los damnificados de catástrofes naturales, en cuyo caso, su alto sentido de la responsabilidad está a toda prueba.
Sin embargo, las instituciones están conformadas por hombres y no por santos. La carga de las tareas, la poca solidez en cuanto al margen de actuación con respecto a la normatividad legal y en ocasiones el poco reconocimiento y retribución por su labor son aspectos que deberían reconsiderarse en un marco amplio que permita abordar con justicia la amplitud del reto que tienen en sus manos.
Más aún si se considera, como lo han hecho diversas asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos que, en los últimos sexenios se ha ido consolidando de manera paulatina la militarización del país, al punto tal que en el “Acuerdo presidencial para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública” (DOF 11/05/2020) se establece que asumirá, hasta la consolidación de la Guardia Nacional, según el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, tareas de prevención de la comisión de delitos, detención de personas, aseguramiento de bienes, puesta de a disposición de las autoridades de delincuentes, registros, detenciones, operativos conjuntos, entre otros.
El presidente Donald Trump, incluso, ha llevado agua a su molino al señalar que el despliegue de las tropas mexicanas al sur de su frontera ha servido de contención para caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Mike Pompeo, secretario de Estado del vecino país, ha agradecido en actos públicos que el gobierno mexicano colabore en temas migratorios para prevenir la invasión ilegal usando al ejército en la porosa frontera mexicana.
