La fina tregua entre los empresarios mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantenían una relación cordial desde 2018, se ha resquebrajado por las medidas para afrontar el coronavirus y la reciente cancelación de las obras de una cervecera.
En conferencia de prensa telemática, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, resumió este miércoles un conjunto de fuertes encontronazos entre los empresarios y el Gobierno, aunque matizó que no han “roto” sus relaciones.
“El día que tengamos la oportunidad de platicar con el presidente (…) lo haremos con toda firmeza porque creemos que esas decisiones impactan a la credibilidad y el desarrollo del país”, expresó el presidente de la patronal.
Y en alusión al nuevo coronavirus, recordó a López Obrador que las empresas no son el “virus” que hay que “combatir”.
El presidente de la CCE también criticó la “falta de claridad” en un decreto gubernamental publicado el martes, cuando el Gobierno de México declaró la entrada oficial en la fase 2 de la pandemia, por la que se cancelan “las actividades laborales no esenciales”.
“¿Cuáles son las implicaciones de suspender temporalmente las actividades que involucren concentración física en el tránsito de personas? Pedimos que se defina mejor esto”, cuestionó parafraseando este decreto.
Además, exigió que se defina mejor el listado de industrias estratégicas que deberán seguir operando con normalidad durante la contingencia sanitaria ya que, a su entender, excluye el sector de alimentos y bebidas.
“Estamos pidiendo mayor claridad y que nos digan cómo lo hacemos”, insistió.
La patronal estima que solo en Ciudad de México se han cerrado esta semana unos 64,000 establecimientos, con una caída del 68 % de ventas en restaurantes, del 100 % en bares, del 82 % en hoteles y del 4 % en tiendas de alimentación.
El presidente del CCE recordó que lleva 11 días esperando una respuesta por parte del Gobierno sobre el paquete de medidas presentado por el organismo para paliar los efectos del coronavirus, que pide un “salario de subsistencia” para trabajadores despedidos y estímulos de consumo e inversión.
“Hemos intentado convencer a la autoridad de un salario de subsistencia que permita a todo aquél que se quede sin empleo pasar esta crisis y satisfacer sus necesidades básicas y de su familia. Todavía no tenemos respuesta”, expresó el presidente del CCE, Carlos Salazar.
Salazar planteó que este salario podría rondar entre los 3,000 y los 5,000 pesos, una cifra que debería definir el Gobierno, y abrió la puerta a se pague “entre las empresas y el Estado, como se ha hecho en otros países del mundo”.
