Durante finales de junio y mediados de julio, el Gobierno del Estado fijará posturas con base a las investigaciones en dos aspectos: por una parte, el lío limítrofe generado entre Yucatán y Quintana Roo, en donde se evalúa una posible demanda contra el vecino estado, y por otra, los resultados de las investigaciones en materia de funcionarios implicados en posibles desvíos de la administración anterior, sobre temas, como las irregularidades presentadas en dependencias del gobierno anterior y que fueron exhibidas por el actual.
De acuerdo con la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, hay que saber “dónde estamos parados” antes de iniciar una acción legal contra Quintana Roo, en relación a la disputa por los líos limítrofes entre las entidades, y se cuentan con unos 60 días para determinar dicha acción.
—El problema original en este conflicto se genera entre Quintana Roo y Campeche, con el llamado Punto Put, y más tarde involucra a Yucatán. Sin embargo, necesitamos conocer y estudiar muy bien el caso para saber dónde estamos parados para saber qué acción emprenderemos —dijo Fritz Sierra.
Esto al referirse que el área de Consejería Jurídica está realizando análisis sobre los alcances legales de las intenciones por parte de Quintana Roo, y posteriormente emprender acción legal adecuada como respuesta. Este análisis para ejecutar acción, con 60 días, tendría lugar a mediados de julio.
Como trascendió en diversos medios de comunicación, el estado de Quintana Roo presentó una reforma a su Constitución para ajustar los límites territoriales entre Yucatán y esa entidad, en donde, abarcaría mayor territorio el vecino estado.
Por su parte, la contralora estatal, Lizbeth Basto Avilés, indicó que las denuncias presentadas por el Gobierno del Estado sobre irregularidades encontradas en varias dependencias de gobierno durante la administración anterior siguen su curso.
—Las denuncias siguen su curso. Hoy mismo (por eso de ayer) se realizaron comparecencias por parte de involucrados. Pero en realidad es un tema que ya está en manos de la Vicefiscalía Anticorrupción —dijo la funcionaria estatal.
Aseguró que el proceso de auditoría y revisiones al interior de las dependencias de gobierno toma incluso hasta un año de proceso. “Tenemos como plazo hasta el 30 de junio próximo”, expresó.
Texto: Iván Duarte
Foto: Cortesía
