El gobierno de Joe Biden no está requiriendo que se averigüe los antecedentes de los cuidadores en su red de instalaciones de emergencia para albergar a miles de menores migrantes, alarmando a expertos de bienestar infantil que dicen que la exención pone en peligro la seguridad.
En la premura para sacar a los niños de las instalaciones atestadas y poco adecuadas de la Patrulla Fronteriza, el equipo de Biden está empleado una medida usada por gobiernos previos: campamentos de tiendas, centros de convenciones y otras instalaciones enormes operadas por contratistas privados y financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En marzo, el gobierno de Biden anunció que abrirá ocho nuevos sitios de emergencia en el suroeste del país con 15 mil camas, aumentando a más del doble el sistema existente.
Esos sitios no tienen que ser licenciados por las autoridades estatales ni proveer los mismos servicios que las instalaciones permanentes del departamento. Además, cuestan mucho más, un estimado de 775 dólares diarios por niño.
Y para proveer personal a esos sitios rápidamente, el gobierno ha suspendido los exámenes de antecedentes por medio de las huellas dactilares dirigidos a proteger a los menores.
Texto y foto: Agencias
