El Congreso de Campeche no ha llamado a funcionarios de la administración del actual gobernador del estado para que expliquen el uso de recursos públicos ante la contingencia por el COVID-19.
El Congreso del Estado de Campeche, al servicio de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa, no ha cumplido con su facultad de mantener una estrecha vigilancia y no han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios del poder ejecutivo estatal sobre el uso de recursos públicos y las acciones contra las consecuencias por la emergencia sanitaria por el Covid-19.
La LXIII Legislatura campechana no está incluida entre los 12 órganos legislativos del país que tuvieron, al menos, una reunión de trabajo o comparecencia de funcionarios sobre las acciones para enfrentar las consecuencias ocasionadas por el coronavirus.
La organización de Transparencia Mexicana informó que su Unidad para la Transformación de los Congresos (U-Tract) se sumó por tercera ocasión al mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas de Tojil y Transparencia Mexicana, conocido como #SusanaVigilancia.
En un informe especial sobre el cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país, la U-Trac identificó que 12 órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios o funcionarias de los poderes ejecutivos para informar sobre el uso de los recursos públicos y las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por el COVID-19.
“Los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia, mediante este mecanismo, son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora”, expresó.
Transparencia Mexicana y Tojil señalaron que algunos órganos legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se ha referido al tema en redes sociales, pero no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados.
Texto y foto: Agencias
