Por Alejandro Fitzmaurice
Los sureños de Estados Unidos no sólo pensaban que la esclavitud era una buena idea, sino que era un invento indispensable para sobrevivir. Por algo, protagonizaron una guerra civil entre 1861 y 1865.
Es un dato demasiado usado, pero no menos relevante que negarse prohibir a ciudadanos de color utilizar asientos delanteros de autobuses o prohibir el voto femenino.
Hoy la libertad para sentarse donde uno quiera en un camión o que las mujeres voten son verdades absolutas para casi todos, pero la historia demuestra una premisa: que una mayoría opine de la misma forma sobre un tema no necesariamente implica que esta forma de pensar sea justa, correcta o verdadera.
Por ello, el multicitado asunto del micrositio que el Congreso local estableció para canalizar comentarios en torno la legalización del matrimonio igualitario, expide un innegable tufo que es muy parecido a los viejísimos casos de arriba.
Ciertamente, no se establece una consulta en forma, pero sí una plataforma en la que, en primera instancia, se podrá hallar un número de comentarios que probablemente conformarán una mayoría, ya sea a favor o en contra del tema.
Dado el contexto social de Yucatán y la influencia que líderes conservadores tienen sobre muchos habitantes, es previsible que un mayor número de comentarios se incline por la opción que prohíba el matrimonio entre homosexuales. Por supuesto, puedo equivocarme y que ocurra lo opuesto. Da exactamente igual.
El problema de lo anterior es la forma a través de la cual nuestros representantes podrían establecer el sentido de su voto: midiendo, cuantitativamente, el número de personas a favor o en contra de la medida. En corto, eso se llama tantearle el agua a los camotes, una medida que –si de derechos humanos hablamos– es pobre para tomar decisiones trascendentes, puesto que los futuros electorales se suelen privilegiar por encima de los argumentos y las reflexiones profundas.
Por supuesto, no es éste un texto que pretenda censurar las opiniones de los ciudadanos para influir en los legisladores, sin embargo, tal y como sugirió el editorial de este periódico en días pasados, hubiese sido mejor utilizar el recurso del parlamento abierto para escuchar a voces especializadas: activistas y opositores en igualdad de circunstancias y en absoluta transparencia.
Por el contrario, si es verdad el caso de que líderes religiosos azuzaron a feligreses a parafrasear ideas en torno al matrimonio igualitario —tal y como trascendió a través del WhatsApp— es posible, desde ahora, imaginar algunas de las opiniones del micrositio: libres y en todo su derecho sí, aunque más dirigidas que reflexionadas, al igual que enunciadas desde un ámbito religioso que no debiese fundirse con una reflexión que debe permanecer laica.
Era el Congreso, en conclusión, el espacio adecuado para la discusión: tanto para excluir opiniones de individuos no especializados como para cuidar que las grupos intolerantes no influyeran en esta toma de decisión legislativa a la luz de la solemnidad y el respeto con la que deben conducirse estos asuntos.
Escribí excluir. Confieso que es una palabra que utilizo con cuidado. Asusta.
Sin embargo, si regresamos al inicio y recordamos que, en el pasado, millones estaban convencidos de que la esclavitud no era una idea tan mala, y que mandar afroamericanos hasta atrás en los camiones estaba bien, y que las mujeres no votaran era una medida adecuada, exclusión ya no suena tan mal en algunas ocasiones.
