Por: Eduardo Ancona
En la columna vertebral del pacto federal en el que se funda México está el pacto fiscal entre las 32 entidades federativas que se unen en un país (la Constitución hace parecer que hubo un momento de la historia en el que alguien les preguntó y que voluntariamente dijeron que sí. Pero bueno.). Consiste en lo siguiente: la Federación recauda el grueso de los impuestos y los reparte a las Entidades Federativas. Lo poco que recauda México (16% del PIB; Kenya recauda el 18% y Francia el 46%) corre por cuenta del Gobierno Federal, basta con pensar en el IVA el ISR y el Ieps. Por su parte, las Entidades Federativas recaudan pocos impuestos y sus ingresos dependen en su inmensa mayoría (arriba del 50%) del dinero que les envía la Federación.
El Presidente quiere cambiar este arreglo para dejar de pagar el costo reputacional de cobrar impuestos y para liberar recursos para la amplia cartera de política social de la 4T. La idea es hacer que las entidades cobren impuestos y empiecen a desarrollar una mayor autonomía financiera. Enhorabuena. Los tiempos de retos, son también de enormes oportunidades. Abandonar la zona de confort (humana, financiera e institucional) es lo único que puede conducir transformaciones profundas. Y es también un vehículo que acerca más el trabajo de las autoridades locales a las necesidades de los ciudadanos.
Es en este entorno que vale la pena repensar un debate importante, el impuesto a la herencia. Decenas de países gravan el paso de bienes de una persona a otra a causa de la muerte. Japón, Francia, Ecuador y Chile a nivel Federal, y Suiza en el ámbito local. El éxito de la propuesta está en hacerla verdaderamente progresiva: gravar la herencia debe tener un efecto real en la redistribución de la riqueza. No tiene sentido gravar herencias de 10 ó 50 millones de pesos, el producto del trabajo de una persona debe alcanzar para proteger a sus descendientes. Sin embargo, pensemos en los casos extremos, el verdadero 1%. Según el reporte “Desigualdad extrema en México” realizado por Gerardo Esquivel para Oxfam, las cuatro personas más ricas de México — Slim, Salinas, Bailleres y Larrea — acumulan el equivalente al 9% del PIB. Donde dibujar la linea es la parte más compleja, a partir de cuanto gravar una herencia. Y no lo sé, si en el 1, 5 ó 10% de la cúspide. Esto requiere un análisis profundo. Sin embargo, lo que si sé es que es inadmisible que en un país con los indignantes niveles de desigualdad y pobreza de México la buena suerte de nacer en casa de los Slim y no en San Vicente el Alto sea suficiente para que una persona herede 2 puntos del PIB de una riqueza, dicho sea de paso, construida en gran medida gracias a un monopolio concedido por el Estado. La principal razón de ser del gobierno, la esencia, es garantizar la seguridad y cobrar impuestos. Y de lo segundo deriva la obligación, el imperativo moral, de construir una sociedad más justa e igualitaria. Esta es tan solo una vía para recortar las brechas.
