Por Roberto Ojeda
Durante varios meses periodistas y medios de comunicación han dado puntual seguimiento al caso de la megagranja de Homún, informándonos de las acusaciones de los cenoteros, la respuesta que ha dado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), así como de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) y las declaraciones del grupo Indignación.
Después de todo esto, me gustaría proporcionar un punto de vista personal sobre este caso y cómo creo que terminará en el mediano plazo.
En primera instancia dejaré en claro que, para un servidor, la granja nunca debió de establecerse en un municipio ubicado precisamente dentro del Anillo de Cenotes. Me parece una insensatez que al final se ha visto reflejada en un malestar social justificado, porque son estas acciones las que nos deja claro que el agua importa un cacahuate.
Pero bueno, ahora el tema ya no radica en si estuvo bien o mal el otorgar los permisos, sino si es legal o no. En ese rubro, parece que el round se lo llevan los representantes de PAPO, ya que cuentan con toda la documentación que la Ley estipula y que se requiere para el funcionamiento del criadero de cochinos.
Queda por aclararse la interrogante de si Semarnat debía tener participación en la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental con base a la distancia que la granja tiene del grupo poblacional, pero fuera de eso ya todo está resuelto. No veo la manera en la que los cenoteros puedan ganar el pleito legal y evitar la apertura de la granja porcina.
Hay que recordar que en primera instancia la Seduma no permitió la apertura de la granja y condicionó a la empresa para que cumpliera con ciertos requisitos, como la planta de tratamiento con la que ahora cuenta.
El reclamo social ya dio resultados porque marcó un precedente de cómo deben ser todas las obras de este tipo en el estado. Todo el que quiera invertir en este sector sabrá que le costará muy caro porque tiene que cumplir con altos estándares de calidad. Sin duda creo que, a la fuerza, pero los yucatecos aprendieron de esta experiencia.
¿Queda alguna posibilidad de echar abajo la granja? Solo que la misma empresa se canse del pleito legal, que parece tardará varios meses, y decida que no vale la pena (lo cual dudo) o que el gobierno decida expropiar el terreno, que lo veo en chino.
Ahora solo quedará saber si la autoridad estuvo en lo correcto. No vaya a ser de malas que nos falle la planta de tratamiento o cualquier otra desgracia, porque entonces de verdad arderá Troya, y consumirá todo lo que este a su paso…
