Una jueza de Brasil ordenó ayer al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro “abstenerse” de promover “piezas publicitarias” que incentiven la vuelta al trabajo y sean contrarias a las medidas restrictivas impuestas por gobernadores regionales para contener la pandemia del coronavirus.
La decisión fue tomada por la jueza de guardia Laura Bastos Carvalho, de Río de Janeiro, quien acató un recurso de la Fiscalía contra posibles campañas publicitarias institucionales que insten a los brasileños a volver a la normalidad, sin tener como base “documentos técnicos”. Para el Ministerio Público, ese tipo de mensajes “podría agravar el riesgo de diseminación” del COVID-19 por Brasil, que en apenas un mes ha registrado 92 muertes y casi 3,500 casos confirmados de la enfermedad, según el último balance del Ministerio de Salud.
La magistrada hace referencia a un video que supuestamente formaba parte de una futura campaña oficial bautizada como “Brasil no puede parar”, el cual ha circulado en las últimas horas por las redes sociales y fue compartido por el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente brasileño.
El video, en el que se animaba a los comerciantes a reabrir sus negocios y a los trabajadores autónomos a retomar sus actividades, se le atribuyó al Gobierno de Bolsonaro, aunque la Secretaría de Comunicación de la Presidencia lo negó de forma tajante.
En un comunicado, la asesoría de prensa del Ejecutivo afirmó en una nota que el video era “experimental” y que no llegó a ser aprobado para su divulgación por los canales oficiales.
“Cabe destacar, para que no queden dudas, que no hay ninguna campaña del Gobierno Federal con el mensaje del video que está circulando, por tanto, no hubo ningún gasto”, subrayó.
No obstante, la jueza Bastos Carvalho se anticipó a cualquier movimiento en este sentido y ordenó al Gobierno abstenerse de divulgar, “por radio, televisión, periódicos, revistas, páginas web o cualquier otro medio, físico o digital”, anuncios relacionados con la campaña “Brasil no puede parar” o cualquier otra que “sugiera a la población” comportamientos que no “se rijan por directrices emitidas por el Ministerio de la Salud”.
La magistrada determinó que el incumplimiento del fallo está sujeto a una multa de 100,000 reales (unos 20,000 dólares) por infracción.
Texto y foto: Agencias
