El representante del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, explica que el organismo fue quien interpuso la demanda contra el ex presidente de México por su presunta responsabilidad en los crímenes
La corte Internacional de Justicia de la Haya anunció el inicio de la revisión de una demanda en contra de Enrique Peña Nieto por ser presuntamente responsable en crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada en los casos de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El representante del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, explicó que el organismo fue quien interpuso la demanda y confirmó el recibimiento de una notificación por parte de la Corte de la Haya para determinar si atrae o no la denuncia en contra de Peña Nieto por los presuntos delitos antes mencionados.
“La oficina están analizando las acusaciones identificadas en su comunicación, con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de información disponible, los presuntos delitos parecen estar dentro de la jurisdicción de la corte penal internacional y, por lo tanto, justifican la apertura de un examen preliminar de la situación”, aseveró la notificación de la corte.
OMBUDSMAN EN APUROS
Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 mil 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el Presidente de la República, tendría que reducírselo.
Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado mexicano puede ganar más que el Presidente de la República.
Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de Diputados, la cual “no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, según ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, “por cualquier circunstancia”, se omitiera hacerlo, el sueldo sería el mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe ocurrir porque sería una transgresión de la norma.
No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.
Un problema nada menor consiste en que la persona que firma dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés personal en el asunto. Se trata del presidente defensor de los Derechos Humanos, cuya remuneración actual corre peligro de contracción.
Texto y fotos: El Universal
