Los titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), Olga Rosas Moya y Juan Carlos Rosel Flores, respectivamente, “justificaron” ante los diputados de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal los nuevos impuestos y derechos para hoteleros y por infraestructura de seguridad, dentro del análisis del Paquete Fiscal 2020.
Aunque el Gobierno pretende aumento en derechos e impuestos, éstos dos fueron los que acapararon la atención de los legisladores.
La reunión de trabajo fue presidida por el presidente de la Comisión, Víctor Merari Sánchez Roca, y asistieron los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como diputados de todos los partidos políticos.
En su mensaje inicial, Rosas Moya detalló que el Paquete Fiscal parte de la premisa que hubo recorte federal de poco más de tres mil millones de pesos y hay que “conseguir llenar ese boquete financiero”.
Agregó que el ingreso total que se prevé para el 2020 es de 39 mil 168 millones de pesos, incluyendo un ingreso extraordinario de mil millones de pesos.
“El Gobierno del Estado y la sociedad civil representada por el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, construimos juntos un Presupuesto responsable, que le permita a los yucatecos mantener la calidad de vida de la cual gozamos”, dijo.
Agregó que el recorte federal es de 3 mil 860 mdp, lo cual pone en riesgo diversos rubros, entre ellos la seguridad y con eso no se juega.
“Por ello tenemos un Presupuesto responsable para hacer frente a los recortes y no arriesgar lo que verdaderamente importa: salud, educación, seguridad y mujeres, los cuales no bajan, sino que tienen un incremento”, señaló.
También resaltó que el Consejo Ciudadano aprobó de manera unánime el proyecto de Presupuesto y que es facultad del Congreso aprobarlo, validar o hacer las modificaciones pertinentes.
“Pretendemos hacer más con menos, mediante mecanismos fiscales compensatorios que equilibran el desbalance ocasionado por los recortes federales”, recalcó.
En su intervención, el titular de la AAFY explicó a los legisladores las estrategias para captar los recursos locales, con la aplicación de las cobranzas de impuestos, derechos y aprovechamientos, entre otros.
Más de $200 mensuales por seguridad
Durante los cuestionamientos de los legisladores, Rosas Moya aclaró que el derecho por infraestructura de seguridad contempla el cobro de hasta 2.72 UMAS al mes, que se traduce en 229.81 pesos.
Aunque enfatizó que el pago de ese derecho dependerá del consumo que se tenga al mes y su tope máximo será del 8%.
Es decir, por cada 100 pesos al mes de consumo se cobrará ocho pesos, pero si en determinado momento el recibo es de 10 mil pesos, no se van a cobrar los 800 pesos, sino máximo 2.72 UMAS, que es 229.81 pesos al mes. En caso que el recibo sea bimestral, se aplicará el doble.
Que no lo cobren a pobres, pide MC
Al respecto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano abrió el debate para que las familias con poco poder adquisitivo queden exentas en el pago de derecho para la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública.
La legisladora Milagros Romero Bastarrachea lanzó la propuesta de que quienes tienen cobros por su consumo de luz por 300 pesos o menos, no tengan que pagar el nuevo derecho.
De ser avalado por los demás diputados, más de 150 mil predios, quizá igual número de familias, obtendrían ese beneficio, entre ellas personas que viven en el cinturón de pobreza de Mérida y al interior del estado, que en definitiva verían afectado su bolsillo de tener que pagar más.
La secretaria de Administración y Finanzas señaló que ese derecho beneficiaría al mantenimiento de las 2 mil 248 cámaras de videovigilancia instaladas en la entidad y los 11 arcos carreteros.
En este caso, el Gobierno pretende recaudar 281 millones 867 mil pesos, mientras que por el reemplacamiento la meta es conseguir 471 millones de pesos.
En el caso del sector hotelero, se dijo que los usuarios tendrán que pagar 35 pesos por noche y por cuarto (sin importar el número de personas) y lo deberán pagar todos, sin importar el tamaño del establecimiento y la nacionalidad, u estado de origen, es decir, el pago también aplicaría para los yucatecos. Por este derecho se pretende recuperar 79 millones 732 mil pesos.
Otro cobro que se pretende es a los choferes de las plataformas tecnológicas, cuyo costo es de 2,150 pesos por licencia.
“En este caso es una cantidad que ellos mismos han propuesto y no solo es en Yucatán, sino en todo el país”, recalcó la funcionaria.
Por su parte, el diputado Felipe Cervera Hernández hizo varios cuestionamientos a Rosas Moya, principalmente sobre un paquete de obras que se pretenden para el próximo año: la remodelación del primer piso de la Oficina del Protocolo del Gobernador en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, un parque recreativo, un campus para las normales superiores y la construcción de un hospital naval.
“No me quedó claro si son obras en firme, en caso que no lo sean, no tiene caso castigar a los ciudadanos y empresarios con más impuestos”, lamentó el priista.
Por su parte el diputado Luis María Aguilar Castillo preguntó si estaban garantizados los pagos a los profesores y la viabilidad del Isstey, y en ambos casos se dijo que sí, pues el gobernador ha dado indicaciones que ninguna dependencia se quede en su poder con las cuotas que se les descuentan a los trabajadores.
PideN propuestas
Al final, los diputados de la comisión aprobaron la propuesta del presidente de la misma para recibir a través del portal las propuestas de legisladores, ciudadanos y agrupaciones sobre el Paquete Fiscal para analizarlas, y en su caso, incluirlas en las nuevas leyes.
En relación a lo anterior, el diputado Marcos Rodríguez Ruz sugirió que el análisis sea a parlamento abierto, pero al ser rechazada la propuesta explotó y dijo que los “funcionarios llegaron a mentir y así como se les escuchó, también era justo escuchar a los hoteleros, transportistas y ciudadanos”.
Texto y fotos: Esteban
Cruz Obando
