José Miguel Rosado Pat
¿Acaso los “apoyos” brindados durante los gobiernos del PRI y del PAN presentaron características diferentes o reglas de operación muy distintas? En realidad, no del todo, pero sí fueron aplicados, en muchos casos, como nómina de estructuras políticas enteras y empleados como “cajas chicas” para la operación política.
Hay que hablar claro: esos partidos usaron los programas de desarrollo social de manera tal que, los apoyos, parecían ser otorgados, principalmente, a sus correligionarios. Y esto es algo que no se ha visto en este gobierno, por el contrario, los apoyos están siendo otorgados a todos sin distinción alguna, sin importar partido, preferencia política y, en muchos casos, ni condición económica o social.
Y esto se debe a la esencia universal de los Programas Integrales para el Bienestar, siendo precisamente lo que los sustrae de ser fuente de clientelismo.
Otro aspecto sobre el que han increpado los opositores es el que se refiere a los documentos que dan sustento normativo y jurídico a los programas; no en vano el presidente envió la iniciativa, recientemente aprobada, en la que se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el programa de atención a personas con discapacidad, las becas para estudiantes y la atención médica gratuita e integral a quienes no forman parte del sistema de seguridad social. Desde donde lo miremos, estas acciones van encaminadas a sentar las bases -sólidas- de un Estado de bienestar y, por supuesto, de los derechos sociales que éste conlleva.
Es innegable que el perfeccionamiento del marco jurídico que regula estos programas significaría un avanzar de manera sustantiva, sobre todo cuando se trata de garantizar que los apoyos lleguen a los beneficiarios en tiempo y forma.
De igual manera la planeación presupuestal de dichos programas (de largo aliento) permitirá su continuidad e institucionalización, siendo esta última la herramienta necesaria para pasar de proyectos de un sexenio a programas que formen parte del conjunto de una política social transexenal, con alcances y coordinación a nivel regional y municipal.
Además, el impacto que tienen estas acciones de gobierno en el discurso del poder, identificadas plenamente con la construcción de ese Estado de bienestar que tanto necesitamos (incluyendo a ricos y pobres y clases medias), es de vital importancia para forjar la visión del México de la siguiente década, pues se cuestionan las prioridades públicas que han sido, por más de cuarenta años, definidas por las élites económicas y políticas, nacionales y extranjeras con intereses en el país.
Es cierto, aún falta mucho por perfeccionar en su implementación cotidiana; sin embargo, si este gobierno no sentaba las bases de una política pública enfocada a la solidaridad y empatía con los más pobres, ¿quién lo hubiese llevado a cabo?
También es cierto que estamos lejos aún de un régimen universal de bienestar; sin embargo, no estábamos más cerca hace seis, doce o dieciocho años de como lo estamos ahora.
Cabe ver las cifras: de 1992 a 2018, la pobreza pasó del 53% al 49% (según la Coneval, 2018), lo cual pareciera una burla a los pobres, más que un logro para presumir.
Vivimos en un país en el que el origen socioeconómico de los ciudadanos sigue definiendo su futuro. Ante este panorama, nada alentador, debemos continuar reforzando los programas que sientan las bases hacia un Estado de Bienestar que nos proteja de riesgos sociales y que, al paso de los años y con la creación de políticas públicas cada vez más asertivas y enfocadas, genere capital humano a través de la educación, servicios de salud de calidad y apoyos que garanticen la igualdad de oportunidades.
