La dieta del periodista

AÚN en plena efervescencia electoral, considero que no puede pasar desapercibido que el Congreso de la Unión parece que por fin atenderá su responsabilidad de expedir una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional toda vez que desde 2007 -en noviembre se cumplirá una década-, se adicionó su contenido para dejar establecido que es inadmisible utilizar medios de comunicación social para la promoción personalizada de cualquier servidor público.

En vista de que nadie en el país acató el mandato constitucional, y los mismos legisladores fueron omisos en su deber, en noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Federación emitió un fallo al respecto y fijó un plazo perentorio para que el ordenamiento reglamentario de cualquier propaganda gubernamental -pancartas, espectaculares, entrevistas exclusivas, reportajes, más lo que se les ocurra- quede listo antes del 30 de abril. Y, apenas hace una semana, los diputados turnaron a los senadores su propuesta de ley reglamentaria, para trabajar en 15 días lo que no logró una década.

Debemos estar atentos a este proceso legislativo, cuya trascendencia en el gasto de oficinas de comunicación social será categórica. En carne propia viví la renuencia para informar los criterios de gasto en época de promover un informe de gobierno estatal. El dispendio resulta tan evidente que mueve el interés periodístico, incita la curiosidad. Saber el costo de la difusión “austera” fue información pública que pudo ser obtenida sólo mediante recurso de inconformidad ante el Instituto de Acceso a la información Pública (Inaip).

Las áreas de Comunicación Social en nuestro país son renuentes a informar cuánto y cómo gastan en total miles de millones de pesos. Suelen trabajar en forma discrecional, con acuerdos no formalizados que logran coberturas especiales gracias a la “cuatitud” y el tráfico de favores, quid pro quo. Recién egresada de la carrera de Periodismo (2003), en el entonces Distrito Federal tuve un día la indigna encomienda de entregar “los sobres” a varios colegas. Y como pedí firma de recibido, me corrieron en poco tiempo “por bruta”.

Una ley reglamentaria del gasto en publicidad oficial, redactada con honestidad y respeto a la libertad de expresión y derecho a la información, vendrá a fortalecer la verdadera labor periodística y podrá combatir la discrecionalidad. Tal vez dejaríamos de ver a destiempo, el rostro de gobernantes y demás miembros de la clase política, en espectaculares y parte trasera de los camiones.

Tal ordenamiento también favorecería la competitividad del digno trabajo periodístico y de igual manera debería ser digna la remuneración y la contratación del personal. La dieta de periodistas, reporteros, camarógrafos y todos los involucrados en medios de comunicación, debe cambiar definitivamente: los vegetales, deben dar paso a proteínas. En lo personal, referirse a la nueva ley como “Ley Chayote” es altamente ofensivo e indignante.

Por Carmen Garay

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