Por Carlos Hornelas
La semana pasada tanto en la Ciudad de México, como en la capital de Yucatán, fuimos testigos de marchas y manifestaciones que independientemente de su agenda, terminaron en daños materiales tanto a propiedad privada como a monumentos históricos.
Las “marchas” son un mecanismo de los activistas para la ocupación simbólica del espacio público, que tiene su correlato en el espacio mediático. Se orientan a llamar la atención de la ciudadanía y autoridades para visibilizar sus preocupaciones y demandas cuando estiman que los canales formales de comunicación han sido agotados.
En ese sentido, la toma abrupta del espacio es un acto de rebeldía y atenta contra la rutina y el orden. La incomodidad que genera en los que sufren sus estragos no puede compararse, según los manifestantes con las vejaciones de las cuales han sido objeto por parte de las omisiones del Estado en la resolución de asuntos que reclaman como legítimos.
Al hacer suyos los espacios públicos, ponen temporalmente en jaque a las fuerzas del orden y a las autoridades. Les hacen ver que el espacio de lo público no les pertenece.
Manifestarse, marchar en sí, no está mal. He dedicado horas de mi vida a recorrer las calles cada vez que siento que la ocasión lo amerita. Me he sumado a las consignas y ocasionalmente también he recibido toda clase de insultos o hasta golpes.
No todo es miel sobre hojuelas. En cada marcha también hay una cierta cantidad de infiltrados que tratan de posicionar sus temas propios y en algunos casos, de desestabilizar la protesta organizada para derivarla en actos de violencia que la desacrediten o la deslegitimen.
Asimismo, el daño a la propiedad ajena, el uso de armas, la destrucción de mobiliario urbano, los embates a las fuerzas del orden, las conductas antisociales y la agresión gratuita a manifestantes, prensa o menores de edad, están cada vez más presentes, al grado que desplazan la atención del problema reclamado a los estragos de un capítulo de destrucción que todo el mundo termina recriminando.
Si bien la libre manifestación de ideas es necesaria para un Estado de Derecho, cabe preguntarse si este inventario de conductas cabe bajo ese paraguas. De parte del gobierno se presenta como una trampa que no puede esquivar. Si hace uso legítimo de la fuerza para restablecer el orden se le criticará por reprimir a la población que tiene encomendado servir y proteger.
Si por el contrario se dedica a ser testigo de sus actividades, se le reclamará por su inacción y falta de firmeza para reaccionar con eficacia. En Mérida, a pesar de que las manifestaciones regularmente son pacíficas y en la mayoría de los casos cuentan con policías que cuidan el recorrido, las últimas ocasiones también han existido excesos vergonzantes.
El partido en el gobierno podría ver en estas prácticas la horma de sus zapatos, pues en el pasado el titular del ejecutivo ha encabezado movimientos sociales que han ocupado las calles durante mucho tiempo y le ha resultado con excelentes rendimientos políticos. ¿Estará listo para convivir con esta circunstancia? Sobre todo, porque parece que basta con secuestrar las vías de tránsito para que el gobierno pueda entablar diálogo con los inconformes y los incluya en planes de reforma. La política se ha movido de los lobbies a las calles.
