Las carnitas y el minotauro

CARLOS HORNELAS
carlos.hornelas@gmail.com

En ocasiones, por capricho, por puro deleite, me escapaba un momento en mi trayecto cotidiano y paraba en el restaurante de carnitas michoacanas cercano a mi casa. Iba solo. Como soy hipertenso, en mi casa podrían reclamarme por mi salud si se enteraran de mi placer culposo, así que no quería que supieran dónde estaba. No porque estuviera haciendo algo malo e inefable sino para evitar discusiones y  un mal rato.

A veces no queremos que ni nuestra esposa o nuestros hijos sepan dónde estamos o lo que estamos haciendo en un preciso momento. Hay, incluso, padecimientos vergonzantes, como las hemorroides que, seguramente no nos gustaría que los demás supieran que tenemos, no por maldad o por ocultar algo oprobioso, sino por pudor. Es decir, aunque no tengamos nada que ocultar, no por ello significa que queremos decirle todo sobre nuestras vidas a ciertas personas y menos a unos desconocidos.

Ante la reciente obligación impuesta por el Estado para que seamos parte de un padrón de usuarios de servicios de telecomunicaciones hay cosas que no creo que debería sentirme cómodo para compartir, aunque no tenga nada que esconder.

No tengo idea en qué pueda ser útil que, para hacer uso de mi teléfono celular el Estado me pida una identificación oficial, comprobante de domicilio, reconocimiento facial de retina e iris, geometría de la mano, firma autógrafa, reconocimiento de escritura, voz y mi ADN. Simplemente es una medida desproporcionada. Es como si para comprar tortillas tuviera que mostrar mi cartilla del servicio militar.

La intención de la conformación de dicho censo se hace, según se dice, es para desarticular las capacidades de comunicación de la delincuencia organizada y disminuir los índices de criminalidad existentes. Para ello, se parte de dos supuestos que lo único que revelan es la ingenuidad de quien los defiende, o bien, su supina estupidez y su ladino desprecio por las libertades de cualquier régimen democrático.

La primera asunción es que todos somos culpables y no hay presunción de inocencia. Somos culpables de algo, de lo que sea. Por ello quienes no quieren dar sus datos es porque seguramente tienen cola que les pisen. No obstante, en un régimen donde prevalece el Estado de Derecho se hace una investigación para llegar al fondo de acusaciones y se prueba con hechos las imputaciones en un proceso ante tribunales. Con este padrón todos estamos siendo observados y limitados en nuestra libertad por la incapacidad del Estado de ofrecer la seguridad mínima a los ciudadanos. Estamos a punto de convertirnos en un Estado policial en el cual, mi hija no sabe si su padre está comiendo carnitas, pero el Estado conoce hasta su ADN.

Parafraseando a un clásico, esta base de datos no la tiene ni Obama… ni el INE, ni las policías, ni las procuradurías, ni las fiscalías… ni nadie.

En segundo lugar, si se piensa que, si se cuenta con el padrón, los criminales no tendrían cómo articularse para sus actividades delictivas, sigue viviendo en un cuento infantil. Los malandros ya tendrán otros medios de comunicación y formas de organización que superan la capacidad de anticipación del Estado y que lejos de intimidarse o arredrarse ante este hecho, están trabajando en el próximo movimiento.

Ante la posibilidad de quedar sin servicio, lo único que propiciará esta medida es un mercado negro de tarjetas SIM que puedan evitar los requerimientos de un mecanismo obsoleto, anquilosado y pesado de un Estado que, ante la falta de capacidad e inventiva para proponer políticas públicas en favor de los ciudadanos, los encierra en el laberinto custodiado por el minotauro.

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